El Ejecutivo advierte de que aplicar esas leyes supondrían una desviación presupuestaria de más de 6.100 millones de euros
MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Mesa del Congreso ha decidido tomarse un tiempo para responder a los vetos que el Gobierno ha presentado a distintas proposiciones de ley presentadas por la oposición y que amenazan con un nuevo conflicto institucional entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Con el veto a la iniciativa de buena parte de la oposición para subir las pensiones un 1,2%, registrado a última hora de este lunes, el Gobierno del PP ya ha comunicado al Congreso su rechazo a tramitar 16 proposiciones de ley promovidas por la oposición y distintos parlamentos autonómicos y lo justifica en que, si salieran adelante, supondría una desviación presupuestaria de más de 6.100 millones de euros y pondrían en riesgo el cumplimiento del plan de estabilidad comprometido con Bruselas.
Moncloa se acoge a la legislación que establece que todas las proposiciones de ley que se registran en el Congreso deben contar con el visto bueno del Ejecutivo para ser debatidas, ya que el Gobierno cuenta con capacidad para vetar aquellas que, a su entender, puedan tener efectos negativos sobre los presupuestos en curso o previstos, ya sea porque merman los ingresos o porque aumentan los gastos.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy no había usado esa capacidad de veto ni cuando tenía mayoría absoluta, ni en la pasada legislatura de la primera mitad de año. Hasta ahora, las 115 proposiciones de ley vetadas corresponden a Gobierno socialistas, y el grueso (93 iniciativas) datan de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando su Gobierno empezó a tomar medidas de ajuste para cumplir los compromisos presupuestarios.
DE TODOS LOS PARTIDOS Y DE COMUNIDADES DEL PP
En el listado de iniciativas vetadas por el gobierno del PP figuran dos proposiciones de ley para paralizar la aplicación de la Ley Orgánica de mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), otras tres que buscan para ampliar la supresión de tasas judiciales, la citada de PSOE, Podemos y otros grupos para subir las pensiones en 2017, una del Grupo Socialista para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas, y cuatro leyes llegadas de parlamentos autonómicos: una de Murcia para fomentar el autoconsumo eléctrico, una del País Vasco para compensar a víctimas del amianto, otra de Galicia para asumir la titularidad de la autopista de peaje AP-9, y una de Baleares sobre emprendedores.
Cada una de estas proposiciones de ley fue objeto de un escrito específico argumentado los motivos concretos del veto, siempre relacionado con un aumento del gasto presupuestario o una reducción de los ingresos previstos. Fuentes de Moncloa aseguran a Europa Press que, si salieran adelante estas leyes, el presupuesto sufriría un aumento extraordinario de más de 6.000 millones de euros, un impacto que sería mucho mayor si se sumaran las consecuencias indirectas de su puesta en marcha.
En el caso de la subida de pensiones habla de un coste de más de 1.150 millones, sobre la paralización de la LOMCE dice que España sufriría una pérdida de ingresos de casi 615 millones de euros provenientes de Fondos Europeos, y en cuanto a la supresión de tasas judiciales a ONG's el Ejecutivo dice que su aprobación causaría una pérdida de recaudación aproximada para el Estado de unos 15 millones de euros.
Hasta ahora, la Mesa del Congreso, donde el PP no tiene mayoría, no atiende los vetos del Gobierno. De momento ya levantó los relativos a la LOMCE, cuya paralización ya superó su primer debate en el Pleno, y a los trabajadores de subcontratas. Y las otras iniciativas quedaron a la espera de que los servicios jurídicos de la Cámara presentara un informe sobre las posibilidades de actuación.
EL 21 DE DICIEMBRE, FECHA TOPE
En ese contexto, el Gobierno presentó un recurso formal de reconsideración ante la Mesa del Congreso para que la Cámara rectifique su negativa a atender los vetos, lo que se interpreta como el paso previo a la interposición en el Tribunal Constitucional de un conflicto de competencias entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Este martes, la Mesa del Congreso ha recibido ya el informe de los letrados, pero aún no se ha empezado a estudiar, con lo que el órgano de gobierno se tomará una o dos semanas para tomar una decisión final sobre si acepta o no la pretensión del Gobierno de parar esas leyes que puedan alterar sus previsiones presupuestarias. El plazo de un mes para responder al requerimiento del Ejecutivo concluye el 21 de diciembre.
En este proceso de reflexión, desde Moncloa se va a tratar de concienciar a la oposición de los riesgos de abrir un nuevo conflicto entre los dos poderes pues, a diferencia del que se interpuso por la negativa del Gobierno en funciones a someterse a control parlamentario, esta vez sí pueden provocarse perjuicios económicos al Estado.
En el Ejecutivo están convencidos de que el Tribunal Constitucional respaldará sus vetos y puede acabar anulando las leyes que haya aprobado el Parlamento e incluso exigiendo el abono de compensaciones e intereses por la pérdida de ingresos producida.
