El Consejo de Ministros aborda hoy el decreto por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos

Actualizado 23/10/2015 7:21:57 CET

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno aborda en el Consejo de Ministros de este viernes el decreto por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos que inaugurarán después de la reunión del Gabinete el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

La reunión del Consejo de Ministros, a la que asisten todos los miembros del Gobierno a excepción del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, tratará de la oficina con la que se persigue localizar y recuperar los bienes, instrumentos y ganancias procedentes de casos de corrupción.

Con la puesta en marcha de esta oficina, que se aplica en países como Francia, Rajoy ha explicado que quiere poner en valor el trabajo que ha realizado su Gobierno y el PP en esta legislatura para combatir mejor los comportamientos corruptos.

En el Gobierno y en 'Génova' son conscientes de que la corrupción --casos como Gürtel o Bárcenas-- han hecho mucho daño al PP. El propio Rajoy ha confesado que esos casos han pesado más que los recortes en las urnas y ahora, a dos meses de las generales, quieren poner en valor las medidas impulsadas para evitar que se repitan ese tipo de irregularidades.

La oficina es una medida anticorrupción incluida en la reforma procesal que formaba parte del paquete de regeneración democrática. Con ella se pretende efectuar asesoramiento técnico a los juzgados y fiscalías que lo soliciten en materia de ejecución de embargos y decomisos, a los efectos de evitar actuaciones antieconómicas y garantizar el máximo beneficio económico.

El Gobierno ha señalado que, de esta forma, reparará el daño causado a las víctimas de delitos, incluidas las administraciones públicas gracias a la localización de los bienes y ganancias obtenidas del delito o vinculados con actividades delictivas para su gestión eficiente y su ulterior adjudicación o, en su caso, para satisfacer las indemnizaciones de las víctimas del delito, poniendo el sobrante al servicio del Estado para proyecto sociales y la lucha contra la criminalidad, según ha informado el Ejecutivo.

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