Propone obligar a los partidos a publicar los donativos que reciben y a cuantificar el coste de sus promesas electorales
MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Consejo de Transparencia, Esther Arizmendi, ha planteado este miércoles en el Congreso sus recetas para mejorar la actual legislación sobre financiación de partidos políticos y, entre otras cosas, ha propuesto prohibir que las subvenciones sean la principal fuente de las formaciones y aconseja un sistema mixto que equilibre los fondos públicos y privados.
Así se ha pronunciado Arizmendi ante la Comisión Anticorrupción del Congreso, donde ha acudido dentro de la ronda de comparecencias programada por este órgano para recabar propuestas para mejorar la legislación sobre financiación de partidos políticos.
También ha apostado por hacer "obligatoria" la transparencia para los partidos políticos y que, además de sus cuentas, contratos, etc, publiquen también los donativos que reciben.
Arizmendi ha recordado que, además de la fiscalización externa a las que les somete el Tribunal de Cuentas, deben someterse a un auditoria interna que, desde su punto de vista, debería recaer en un órgano independiente.
LA AIREF, AUDITORA INTERNA DE PARTIDOS
El portavoz del PSOE en esta comisión, Artemi Rallo, ha sugerido que esta labor se encargue a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), una propuesta que Arizmendi ha acogido de buen grado. También ha sugerido que podría ocuparse de hacer un análisis coste-beneficio de los gastos de los partidos porque no sólo hay que saber en qué se ha gastado el dinero sino cómo y con qué resultados.
Otra de la propuestas del Consejo de la Transparencia es que se implante el modelo holandés y este organismo independiente haga un análisis de programa electoral de los partidos, de manera que los votantes puedan saber lo que va a costar cada medida y cómo se va a financiar.
Durante su comparecencia Arizmendi también ha urgido a convertir las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en resoluciones de obligado cumplimiento, así como que se dote más capacidad sancionadora al órgano fiscalizador.
LA JEC NO QUIERE VER LAS CUENTAS DE LOS PARTIDOS
Por la Comisión Anticorrupción también ha desfilado este miércoles el presidente de la Junta Electoral Central (JEC), Carlos Granados, quien ha abogado por que el organismo arbitral y las juntas provinciales se desvinculen del control de la financiación electoral de los partidos durante los cien días posteriores a los comicios.
Según ha explicado, aunque en España el examen de los gastos electorales corresponde al Tribunal de Cuentas, éste lo lleva a cabo cien días después de los comicios, que es el plazo máximo que tienen las fuerzas políticas para presentar su contabilidad.
Granados considera que estas previsiones legales resultan "poco coherentes" porque los miembros de la JEC (en su mayoría magistrados del Supremo) no tienen una dedicación plena y porque su personal es "muy reducido", y porque, además, las juntas electorales provinciales no tienen carácter "permanente" y sólo trabajan en el periodo electoral.
Por ello, el presidente de la JEC ha insistido en que ve "inviable" que las juntas electorales puedan llevar a cabo esa labor de control y, además, apunta que resulta "paradójico" que se les asigne esa competencia cuando quien se encarga de fiscalizar la contabilidad y gastos electorales de los partidos es el Tribunal de Cuentas, que cuenta, según ha remarcado, "con amplios medios y recursos".
A su juicio, tiene "escaso sentido" esa separación de funciones. "La lógica dice que quien tiene que fiscalizar los gastos de las formaciones políticas sea la institución que más medio tiene para ello", ha señalado Granados, sugiriendo que podría plantearse la atribución al Tribunal de Cuentas de todas las funciones que la Ley Electoral confiere en materia de gastos electorales.
VOTO TELEMÁTICO PARA EMIGRANTES
Durante su intervención, Granados ha puesto en valor algunas de las mejoras que se han introducido en la Ley Electoral, que data de 1985, si bien se ha detenido en la reforma de 2011 que reguló el voto de los españoles en el exterior (CERA) y el de los residentes temporales ausentes (ERTA) dado los problemas que se han planteado desde su implantación.
A este respecto, el presidente de la Junta Electoral ha recordado que el organismo arbitral elaboró una serie de posibles soluciones para superarlos, entre ellas la de introducir el uso del voto telemático para el voto CERA.
También ha llamado la atención sobre el, a su juicio, "deficiente" régimen sancionador que debe aplicar la administración electoral porque, según ha indicado, considera sanción toda vulneración de la Ley Electoral que no constituya un delito.
