El Consejo de Transparencia urge al Gobierno a mejorar los datos sobre contratos, subcontratas y uso de inmuebles

Publicado 24/11/2019 11:05:33CET
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Solicita incrementar su plantilla en un 150% y recuerda que su Presidencia lleva vacante desde 2016

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Transparencia y Buen Gobierno ha vuelto a instar al Ejecutivo a mejorar a la información pública que ofrece a través del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, especialmente en asuntos relativos a los contratos, las subcontrataciones y el uso que se da a los bienes inmuebles de los distintos ministerios y organismos.

Estas son algunas de las recomendaciones recogidas por el Consejo en su memoria sobre el ejercicio 2018, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que pone de manifiesto que aún están pendientes de aplicación varias de las sugerencias que lleva haciendo al Ejecutivo desde 2016.

Así, destaca que el acceso a parte de la información continúa mostrándose a través de fuentes de datos centralizadas que "no se ajustan a los requerimientos de la Ley de Transparencia y con las que la mayoría de usuarios no están familiarizados".

VER MÁS DE 400 REGISTROS PARA ENCONTRAR LO QUE BUSCAS

En este contexto, el informe señala que el acceso a la información de contratos a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público "dificulta la localización de las modificaciones o desestimientos".

Tampoco es fácil localizar la información relativa a subcontrataciones, como obliga la ley, en el caso de las encomiendas y encargos a medios propios o de la existencia de obligaciones económicas en el caso de los convenios. "Para acceder a ambos tipos de información es necesario pinchar en los 411 registros relativos a la misma", critica el Consejo.

Además, el hecho de que los datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de los contratos según el procedimiento de contratación siga agrupándose en tres categorías "impide conocer el peso sobre el presupuesto de contratos efectuados por procedimientos negociados, contratos menores, etc".

Respecto de los bienes inmuebles, "sigue sin ofrecerse información relativa al uso al que se destina el inmueble", con la dificultad adicional de que, aunque es posible el filtrado por departamento, no lo es por organismo, de manera que si se quiere localizar información relativa a un organismo concreto es necesario recorrer todas las páginas del departamento de adscripción.

SUBVENCIONES

A título de ejemplo, obtener la información de los bienes inmuebles propiedad de organismos dependientes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (MTMSS), implica recorrer 516 páginas.

En el caso de las subvenciones, la información se oferta a través de la Base Nacional de Datos de Subvenciones (BDNS) y, aunque en este caso sí se puede filtrar la búsqueda departamento y organismo, el límite de descarga de datos es de 10.000 registros, "lo que imposibilita en la práctica obtener este tipo de información".

En este contexto, el Consejo emplaza de nuevo al Ejecutivo a mejorar la accesibilidad y la claridad de la información que se ofrece a los ciudadanos que, recalca, en ocasiones aparece demasiado fragmentada. También subraya la necesidad de introducir datos que faltan, por ejemplo, sobre estudios de expectativas y satisfacción de usuarios de los servicios públicos o sobre quejas y sugerencias de los mismos.

DUPLICIDAD

El organismo de velar por la aplicación de la Ley de Transparencia recuerda al Ejecutivo que tampoco ha arreglado los problemas derivados de la duplicidad de soportes, el Portal de Transparencia de la AGE y webs ministeriales, especialmente en cuanto a contenidos y formatos.

Además, el Consejo vuelve a reclamar que se corrija la situación de vacancia de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un puesto que no se ha cubierto desde que hace dos años falleciera Esther Arizmendi.

Según detalla la memoria, la ausencia de Presidencia obliga "a limitar el proceso de toma de decisiones a aquellas exclusivamente relacionadas con el mantenimiento de la actividad del organismo" y condiciona su "representatividad institucional" y su "capacidad de interlocución", especialmente a la hora de solicitar de las autoridades competentes mayores dotaciones de recursos presupuestarios y humanos.

"Y si la situación no ha llegado a comprometer la independencia del organismo y el ejercicio de las funciones de garante del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y del ejercicio del derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública que le encomienda la Ley, ha sido simplemente por la profesionalidad y sentido del servicio público de su equipo humano", destaca el propio organismo.

UN 25% MAS DE DENUNCIAS AL AÑO

Por último, la memoria reseña que al arrancar 2019, el Consejo de Transparencia contaba con 22 efectivos, "prácticamente la misma" cifra que se asignó al organismo al inicio de su actividad, pese a que "la carga de trabajo se ha incrementado significativamente a través del crecimiento de las reclamaciones".

Por eso solicitan que la plantilla se incremente en un mínimo de 33 efectivos -el 150 %- para poder, al menos, mantener el actual nivel de actividad, un aumento de efectivos que, subrayan, "no tiene por qué suponer un incremento neto de gasto público".

En 2018 llegaron al Consejo de Transparencia 1.338 reclamaciones formuladas por ciudadanos, un 25,4% más que en el año 2017. Este crecimiento anual de las reclamaciones tramitadas ha sido una constante en los cuatro años de actividad del Consejo.

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