Constituida en el Congreso la subcomisión que redactará un Estatuto jurídico de personas desaparecidas

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

   El Congreso ha constituido este miércoles, en el seno de la Comisión de Interior, la subcomisión encargada de elaborar en seis meses un Estatuto jurídico básico de las personas desaparecidas sin causa aparente, después de que el Pleno de la Cámara Baja avalara este mes su creación con los votos a favor de todos los grupos salvo Vox, que se abstuvo.

   Durante esta primera sesión, la subcomisión ha acordado celebrar su primera reunión de trabajo el próximo 13 de octubre, cuando estudiará su plan de trabajo y una primera lista de comparecientes propuesta por cada grupo parlamentario, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

   Así, podrán recabar aportaciones de asociaciones y entidades especializadas del Tercer Sector Social, familiares de personas desaparecidas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), las administraciones públicas, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y profesionales de la Abogacía y la Psicología.

   También se ha acordado hoy que en cada reunión de la subcomisión comparezcan un mínimo de dos o tres personas. El órgano ha quedado constituido con 15 miembros: tres de cada uno de los dos grandes partidos (PP y PSOE), dos de los medianos (Vox y Sumar) y uno de cada uno de los restantes ERC, Junts, Bildu, PNV y Mixto). De Sumar formarán parte los diputados Enrique Santiago y Nahuel González, de IU, ya que fue una de las formaciones impulsoras de la iniciativa.

   La constitución de este órgano parlamentario supone el inicio de sus trabajos para estudiar el marco legislativo que afecta actualmente a las personas desaparecidas en España y determinar las modificaciones legales que puedan resultar necesarias.

   Tras el paso formal de hoy, tienen un plazo máximo de seis meses para elaborar un informe con sus conclusiones, aunque este periodo podrá prorrogarse con autorización del Pleno. Posteriormente, el documento deberá someterse a la aprobación de la Comisión de Interior. Entre sus líneas de trabajo figura también recuperar iniciativas y propuestas anteriores sobre esta materia, incluidas las conclusiones de la comisión especial constituida por el Senado en 2013 y una proposición de ley registrada en 2021.

CONSECUENCIAS JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS

   La iniciativa parte de las consecuencias que una desaparición puede generar más allá de la investigación sobre el paradero de la persona, con problemas psicológicos, jurídicos, administrativos, sociales y económicos para sus familiares y allegados.

   Entre las cuestiones que afectan a estas situaciones se encuentran la gestión de propiedades, contratos, obligaciones fiscales, cuentas bancarias, negocios, prestaciones o responsabilidades familiares, así como figuras actualmente previstas en el ordenamiento jurídico como la declaración legal de ausencia y, transcurridos los plazos establecidos, la declaración de fallecimiento.

MÁS DE 25.000 DENUNCIAS EN 2025

   Según el Informe anual sobre personas desaparecidas del CNDES, durante 2025 se registraron en España 25.086 denuncias de desaparición correspondientes a 16.024 personas, puesto que una misma persona puede protagonizar más de un episodio.

   El 90,7% de las denuncias registradas durante ese año había sido esclarecido al cierre del ejercicio y más del 54% se resolvió durante los tres primeros días. Además, el 61,4% correspondió a menores de edad y el 38,6% a adultos.

   A 31 de diciembre de 2025 permanecían activas 6.874 denuncias acumuladas a lo largo de distintos años, de las que 2.133 habían sido presentadas durante 2025. Según los datos del CNDES, el 98,9% de las desapariciones resueltas terminó con la persona localizada con vida.

   La creación de la subcomisión fue solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista y la Mesa del Congreso admitió la petición a trámite el pasado 28 de abril. La Comisión de Interior respaldó posteriormente su creación antes de elevar la propuesta al Pleno, que la respaldó por amplía mayoría el pasado 10 de septiembre.