MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los tres partidos que integran el Gobierno vasco --Partido Nacionalista Vasco (PNV), Eusko Alkartasuna (EA) y Ezker Batua (EB)-- y Aralar presentaron hoy en el Tribunal Constitucional su escrito de alegaciones al recurso interpuesto por el Gobierno a la Ley de Consulta. Estas formaciones piden al Alto Tribunal que levante la suspensión de la aplicación de esta norma que acordó tras admitir a trámite el recurso del Ejecutivo y, además, le urgen a emitir su fallo sobre estas impugnaciones antes del 15 de septiembre, fecha prevista para convocar la consulta promovida por el lehendakari.
Tras registrar su escrito en el Constitucional, los presidentes y portavoces parlamentarios de PNV, EA, EB y Aralar comparecieron conjuntamente en un hotel madrileño situado junto al Congreso de los Diputados para explicar su postura ante los medios de comunicación.
En su alegaciones, los cuatro partidos insiste en la necesidad de que el Constitucional levante la suspensión antes del 15 de septiembre, ya que, si la mantiene más allá de esa fecha, dejaría "sin efecto cualquier decisión posterior" que tomase el Alto Tribunal. En este sentido, avisan de "la absoluta ineficacia de una eventual sentencia" que declarara la ley conforme a la Constitución.
Los firmantes del escrito aducen que la ley de consulta tiene "como notas inherentes a la misma una funcionalidad delimitada temporal y materialmente", ya que prevé su aplicación un día concreto, el 25 de octubre de 2008, y que si se mantiene la suspensión hasta después de la fecha en que habría de convocarse ésta ya no podrá tener lugar.
Estas cuatro formaciones sostienen que el recurso del Gobierno persigue únicamente "impedir a quien competente para ello, la materialización efectiva de una actuación proyectada a realizar en un tiempo determinado e improrrogable" y que la sola invocación del artículo de la Constitución que prevé la suspensión de la ley impugnada "hace de la misma un instrumento decisivo" puesto que no es posible retomar "en otro tiempo, la actuación proyectada sin que sufra su sentido y su finalidad".
Inicialmente, el Tribunal Constitucional tiene un plazo de cinco meses para decidir si mantiene o levanta la suspensión, un límite que finaliza el 15 de diciembre, pero estos partidos insisten en que debe pronunciarse al respecto antes del 15 de septiembre, porque si no lo hace, se atentaría contra el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos que establece el artículo 23 de la Carta Magna.
"Ese efecto no puede ser querido, en ningún caso, ni resulta admisible en nuestro sistema jurídico, por lo que deviene inaplazable, para este Tribunal, la adopción de la decisión de levantamiento de la suspensión con anterioridad, en todo caso, al 15 de septiembre", reza el escrito que han registrado en el TC.
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