VALENCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
La ex secretaria general de la extinta Consejería de Solidaridad, Tina Sanjuán, ha depositado la fianza de 6.000 euros impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), con lo que evitará entrar en prisión hasta que, en su caso, se declare firme la sentencia que le condena a siete años, seis meses y un día de prisión por la primera pieza del 'caso Cooperación'.
Sanjuán ha depositado este jueves la fianza en la cuenta de consignaciones de la Sala de lo Civil y Penal del tribunal, con lo que no ingresará en prisión hasta que el Tribunal Supremo (TS) declare firme la resolución que le condena por irregularidades en ayudas concedidas a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua.
El tribunal también ha retirado el pasaporte a Tina Sanjuán, a la que prohíbe salir del país, y le ha fijado comparecencias periódicas para evitar el riesgo de fuga. Precisamente para esta condenada la Fiscalía Anticorrupción solicitaba prisión incondicional y, subsidiariamente, el pago de una fianza de 600.000 euros, pero el tribunal lo consideró desproporcionado.
Este miércoles, el exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía y ex diputado No Adscrito en las Cortes, Rafael Blasco, también depositó ante el tribunal su fianza de 200.000 euros, con lo que ha evitado el ingreso en prisión preventiva tras su condena a ocho años de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales, en concurso con un delito de tráfico de influencias, otro de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial.
El tribunal valenciano solo impuso prisión eludible con fianza para estos dos condenados, Rafael Blasco y Tina Sanjuán, ante el riesgo de fuga, mientras que para otros cinco procesados --el exsubsecretario de la Consejería, Alexandre Català; el exjefe de servicio de Cooperación, Marc Llinares; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; una trabajadores de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera; y el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis-- fijó retirada de pasaporte y comparecencias periódicas en el juzgado.
Los últimos dos condenados en esta causa son el empresario y cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, quien se encuentra en prisión desde el inicio de las diligencias; y el ex director general de la extinta Consejería Josep María Felip, quien tan solo fue condenado a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación, pero no se le impuso prisión.
