(Rogamos sustituyan por esta la misma información sobre el mismo tema).
Trib.- Fiscalía pide 5 años al ex presidente de Pecuaria Tierra de Campos por falsedad, estafa y revelación de secretos
Cargó a 265 cooperativistas operaciones comerciales ficticias para reclamar a Hacienda 24.000 euros por la devolución del IVA
VALLADOLID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Valladolid mantuvo hoy su petición de cinco años de cárcel para Gregorio A.P, quien fuera presidente de la cooperativa Pecuaria Tierra de Campos, con sede social en Medina de Rioseco, así como tres años para su hermano, Jaime A.P, y el padre de ambos, Braulio A.P, a quienes acusa de haberse puesto de acuerdo para, tras obtener el listado con los datos fiscales de los socios, presentar en 2005 en la Delegación de Hacienda de la capital documentos sobre ficticias operaciones comerciales realizadas con un total de 265 de estos cooperativistas con el fin de reclamar en beneficio propio más de 24.000 euros en concepto de la devolución del IVA.
La acusación pública, una vez practicadas la prueba testifical realizada en el Juzgado de lo Penal número 2, solicitó para el primero de los presuntos implicados una pena de cinco años de prisión como autor de delitos de falsedad en documento en documento oficial, tentativa de estafa y descubrimiento o revelación de secreto, mientras que para los otros dos imputados pidió penas de tres años por los dos primeros delitos.
Por su parte, la acusación particular, que tan sólo imputa estos hechos al ex presidente de la cooperativa, pidió para Gregorio A.P. cuatro años de cárcel y multa de 14.400 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Lo anecdótico del proceso obedece a que Gregorio A.P. no llegó a compartir banquillo con sus otros dos familiares, ya que, en su condición de abogado e imputado también, siguió la vista activamente desde el estrado puesto que se hizo cargo de la defensa de los tres y solicitó una sentencia absolutoria alegando, fundamentalmente, que la denuncia les atribuye "falsos hechos" y responde a la "animadversión y sed de venganza" del gerente de la cooperativa, a quien intentó despedir cuando ocupó la presidencia de la misma.
Sin embargo, algunos de los socios cooperativistas afectados, vecinos de distintos pueblos de la comarca, aseguraron durante el juicio que en 2005 les llegó una notificación de Hacienda en la que se les imputaba haber vendido productos, fundamentalmente cereal, a la sociedad Ovinag--se averiguó más tarde que había sido constituida por los tres acusados--con el fin de que hicieran constar los ingresos obtenidos y tributaran por ellos en la declaración del IRPF correspondiente a 2004, cuando en realidad tales operaciones jamás se llegaron a realizar.
LISTADO OBTENIDO DEL ARCHIVO INFORMÁTICO
La que por aquel entonces era empleada en Pecuaria Tierra de Campos, María José A.S, reconoció en el juicio que fue el presidente, Gregorio A.P, quien un día le pidió el listado con todos los datos de los socios, incluidos los fiscales, que le entregó sin conocer el destino que iba a dar a esa información extraída del archivo informático de la cooperativa. "Ninguno de los anteriores presidentes había solicitado jamás esta información, pero yo se la entregué porque era el jefe", alegó la testigo.
Las acusaciones pública y privada sostienen que Gregorio A.P. utilizó esa información, como cerebro de la trama y en connivencia con su hermano y el padre de ambos, socios también de la cooperativa, para presentar en Hacienda el modelo 190 haciendo constar que la sociedad Ovinag constituida por los tres había mantenido transacciones comerciales con 265 cooperativistas de Pecuaria Tierra de Campos con el propósito de reclamar más tarde, mediante el modelo 390, la devolución de más de 24.000 euros en concepto de IVA, a pesar de que tales operaciones eran "ficticias".
De hecho, un inspector de la Agencia Tributaria, Eduardo R.T, corroboró que Ovinag fue incluida en un plan de inspección a la vista de las irregularidades detectadas y después de que los cooperativistas afectados advirtieran de que las cantidades que se les imputaban no respondían a la venta de producto alguno. El inspector explicó que "salía de ojo ya que figuraban 265 perceptores y en todos los casos la cuantía obtenida por éstos por la venta de productos era idéntica, unos 1.200 euros", de ahí que el fisco se pusiera en contacto con Ovinag para solicitar una explicación y entonces su representante, Gregorio A.P, achacó lo ocurrido a un "error".
