Califica la acción de los tres norteamericanos como "un acto de guerra contra un enemigo erroneamente identificado"
MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado el archivo de la causa abierta contra tres miembros del ejército de los Estados Unidos por un delito contra la comunidad internacional y otro de asesinato que habrían cometido, según consideró el juez Santiago Pedraz que les procesó a finales de abril, en el ataque al Hotel Palestina de Bagdad en el que se alojaba la prensa internacional durante la guerra de Irak y en el que resultaron fallecidos el cámara de Telecinco José Manuel Couso y el reportero de la agencia Reuters Taras Protsyuk, el 8 de abril de 2003, informaron fuentes jurídicas.
El fiscal Jesús Alonso, que presentó hoy un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el procesamiento, considera que los hechos no son constitutivos de los delitos mencionados ya que el "único y directo" disparo llevado a cabo por el blindado comandado por el procesado sargendo Thomas Gibson contra el hotel donde se alojaban los periodistas tras recibir las órdenes oportunas por parte de sus superiores, el capitán Philip Walford y el teniente coronel Philip de Camp, también procesados, no constituyó un ataque "indiscriminado o excesivo" ni hizo objeto a la población civil de actos cuya finalidad fuera aterrorizarla.
La Fiscalía solicita, además, que queden sin efecto las medidas cautelares acordadas por Pedraz, que emitió órdenes de detención internacional contra los tres procesados y concretó que una vez que los militares estuvieran a su disposición, deberían prestar una fianza de un millón de euros a fin de satisfacer las responsabilidades civiles que pudieran derivarse del proceso.
El hecho investigado se produce 20 días después de la entrada de las tropas norteamericanas en Irak justo cuando hacen su entrada en Bagdad y se enfrentan de forma violenta con la Guardia Republicana iraquí por la toma del estratégico puente de Jamurohara, describe el recurso. La intervención de las comunicaciones iraquíes puso en alerta a las tropas norteamericanas de que en el Hotel Palestina existía una unidad que dirigía disparos de artillería contra sus tropas, defiende el fiscal.
"Tras su aparente localización realizada a gran distancia se dirige un único y directo disparo contra lo que parece ser un puesto de observación y dirección de tiro aunque la mala fortuna y la fatalidad hace que el punto al que se dirige el proyectil se encontrase ocupado por los periodistas fallecidos", argumenta el recurso.
El recurso presentado por la Fiscalía contra la decisión de Pedraz especifica que la conducta de los tres militares no fue indiscriminada ya que la acción realizada a través del disparo "selecciona un objetivo desde el que se cree que se está llevando a cabo un ataque contra los acusados". Tampoco fue excesiva, prosigue el fiscal ya que el disparo se dirigió solo contra el lugar desde donde se cree que se encuentra la persona o personas que podían actuar contra ellos. El fiscal califica así la acción como "un acto de guerra realizado contra un enemigo aparente erroneamente identificado".
RESPUESTA "MEDIDA Y CONTENIDA"
Los militares, continúa el recurso, "miden y contienen su respuesta" frente a lo que consideran una agresión y además dirigen su acción contra el foco del que piensan que proviene. "De hecho el impacto se produce única y exclusivamente en la planta donde se encuentran los periodistas fallecidos", agrega el fiscal.
Alonso considera que si la intención hubiera sido aterrorizar a los periodistas residentes en el hotel como defendía Pedraz en su auto de procesamiento, el fuego se habría dirigido contra todo el edificio y no se hubiese parado la acción al tener conocimiento de lo acontecido.
"Pensar que una acción de autodefensa ejecutada por unos individuos en un clima de guerra tiene por finalidad aterrorizar a los periodistas es ir más allá de lo que realmente se ha acreditado y justificado", añade el recurso. La Fiscalía pone, además de manifiesto que el disparo se produjo en un escenario de guerra abierta entre Estados Unidos e Irak y que la jurisdicción española no puede entrar a discernir "las facultades legales que la legislación norteamericana confiere a sus gobernantes" para declarar o no un conflicto.
En opinión del fiscal no se puede acusar "de ninguna manera" a los militares de los planes de su Gobierno o su aparato militar. "Solo se les puede acusar o investigar por sus actos y nada más", destaca.
Jesús Alonso especifica que la acción que provocó la muerte de los dos periodistas no es competencia de la Audiencia Nacional ya que existe "una duda más que razonable" sobre la intencionalidad de los militares al llevar a cabo el disparo. "Los indicios de criminalidad deben apoyarse en algo más que unas vagas declaraciones de testigos que, por su propia ubicación, nada han visto o podido ver", asegura, en referencia a las declaraciones prestadas por otros miembros de la prensa alojados en el hotel cuando se produjeron los hechos.
Resalta que estos llevaron a cabo la conducta "típica en una situación de combate donde la guerra tradicional da paso a actuaciones de guerrilla y emboscada". Este contexto provoca que la respuesta militar sea "más complicada" y presente "más peligro y dificultad".
DECISIÓN LA PRÓXIMA SEMANA
El juez Pedraz, que emitió el pasado 27 de abril el auto de procesamiento, tomará una decisión sobre el recurso previsiblemente el próximo jueves, informaron fuentes jurídicas. Su auto fue emitido después de la decisión tomada por el Tribunal Supremo que ordenó en diciembre de 2006 la reapertura de la causa que había sido archivada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, contra el criterio de la Fiscalía.
En caso de el magistrado estimara la petición de la Fiscalía la familia del periodista de Telecinco podrá presentar un recurso de apelación directamente ante la Sala de lo Penal encargada de juzgar a los tres militares.
Los delitos de los que les acusaba podrían ser castigado con penas de diez a quince años de cárcel con que el Código Penal español sanciona a quienes "con ocasión de un conflicto armado realizaran u ordenaran realizar ataques indiscriminados o excesivos o hagan objeto a la población civil de ataques, represalias, actos o amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizarla".
En el auto, de cinco páginas, el juez señalaba que la actuación concreta de cada uno de los militares quedaba determinada "en base a sus propias explicaciones dadas en medios de comunicación, junto al informe sobre lo ocurrido que fue remitido por las propias autoridades de Estados Unidos".
También decía el magistrado en este documento que las fuerzas militares norteamericanas tenían conocimiento de que el Hotel Palestina no era objetivo militar y tampoco constaba la existencia de francotirador ni disparo alguno desde el tejado u otra parte del hotel contra las tropas norteamericanas. "Al contrario, son múltiples los testimonios que acreditan su inexistencia, teniendo en cuenta que el hotel estaba ocupado por periodistas en cada habitación, planta y tejado".
