MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PSOE y CiU rechazaron este martes en la Junta de Portavoces del Congreso la pretensión de IU-ICV de debatir en el Pleno de la próxima semana la creación de una comisión de investigación sobre los documentos estadounidenses difundidos por Wikileaks y su repercusión en asuntos como la muerte en Irak del cámara José Couso o el paso de vuelos de la CIA por espacio aéreo español.
La comisión de investigación fue solicitada por el grupo de ERC-IU-ICV y por el Grupo Mixto, representado principalmente por el BNG. La Junta de Portavoces del Congreso es la encargada de decidir cuándo se debate en el Pleno de la Cámara Baja y este martes, la primera vez que se planteaba el tema, se ha rechazado poner fecha al vetarlo PSOE y CiU. Ello no impide que los proponentes puedan seguir insistiendo en próximas semanas.
La diputada de ICV, Nuria Buenaventura, que acudía por primera vez a una Junta de Portavoces del Congreso, expresó su "sorpresa e indignación" por los que define una "falta de transparencia" del PSOE.
Gaspar Llamazares, ya más acostumbrado a estas reuniones, habló de "hipocresía calculada" del Gobierno, especialmente en relación con el 'caso Couso', y cree que los socialistas quieren "amordazar al mensajero" impidiendo el debate.
GIRO A LA DERECHA
Para el diputado de IU, el 'giro a la derecha' del PSOE llega incluso a "la restauración de los modos de la derecha en el ámbito parlamentario".
Y es que en la misma reunión de la Junta de Portavoces PSOE y CiU rechazaron que el presidente del Gobierno informase en sesión plenaria de la controvertida inclusión de la política nuclear en las negociaciones del pacto social y que la ministra de Exteriores diese cuenta de la política del Gobierno en relación con el Sáhara Occidental.
Paralelamente, el parlamentario de IU-ICV ha indicado que en la próxima sesión plenaria defenderá una moción pidiendo denunciar el convenio con Estados Unidos sobre las bases militares con el fin de renegociarlo e introducir modificaciones "sustanciales" más allá de los retoques "menores" anunciados por la ministra de Defensa, Carmen Chacón.
Entre otras cosas, Llamazares defenderá que las bases puedan ser controladas por el Parlamento obligando a presentar cada año un informe sobre su utilización, exigir autorización judicial a los agentes de la Inteligencia estadounidense que operen en nuestro país e impedir que se puedan legitimar prácticas contra los Derechos Humanos de paso por España exigiendo autorización a los aviones estadounidenses no sólo sobre su carga, sino también sobre su pasaje y tripulación.