Covite exige al Gobierno que priorice las reclamaciones de etarras a Venezuela frente los "negocios comerciales"

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, ha reclamado al Gobierno español que en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se inicia este viernes en Cádiz priorice las reclamaciones de etarras a Venezuela frente a los "negocios comerciales" que pueda cerrar con el país sudamericano.

"No se ha aplicado el Estado de Derecho en este país y cientos de familias tienen pendientes la Justicia", ha denunciado la representante de las víctimas frente a la Audiencia Nacional, tras declarar como testigo durante media hora en la causa en la que el juez Eloy Velasco investiga las relaciones que ETA mantuvo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los cursos de adiestramiento en suelo venezolano que habrían recibido varios etarras, entre ellos el líder del colectivo de deportados en el país sudamericano, Arturo Cubillas Fontán.

La portavoz de Covite, que ha dado cuenta al juez de la entrevista que mantuvo en Caracas en octubre pasado con un militar venezolano conocedor de las relaciones entre los dos grupos terroristas, ha confiado en que el Gobierno de Mariano Rajoy exija al vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "cooperación" para que su país entregue al medio centenar de etarras que viven en el país y tienen causas judiciales pendientes en España.

CHÁVEZ PROTEGE A "ASESINOS EN SERIE"

Tras apuntar que el Gobierno de Hugo Chávez incumple todos los acuerdos internacionales y los tratados sobre refugiados protegiendo a "asesinos en serie" como Cubillas, Ordóñez ha señalado que las víctimas no van a "descansar" para "exigir el esclarecimiento de los más de 326 atentados mortales de ETA que a día de hoy se encuentran en impunidad".

"Venezuela tiene más de cincuenta protegidos que campan a sus anchas, que tienen altos cargos y que son grandes empresarios", ha denunciado. De igual modo, ha defendido que los asesinatos de la banda terrorista deberían ser considerados crímenes de lesa humanidad imprescriptibles, al haberse ejecutado "selectivamente" contra un determinado grupo de población civil.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha cursado este mes una comisión rogatoria al Gobierno de Hugo Chávez para solicitarle que no destruya los informes que elaboró el oficial venezolano que se entrevistó con Ordóñez tras agotarse el plazo de diez años que establece la legislación del país antes de destruir la documentación oficial.

El militar, que manifestó su disposición de comparecer en la causa como testigo protegido, es un mayor ya retirado que fue comandante de la Base de Protección Fronteriza (BPF), en el límite entre Colombia y Venezuela que redactó numerosos informes que ponen de manifiesto la existencia en suelo venezolano de campos de entrenamiento de etarras y las relaciones entre los dos grupos.

SIN CONTESTACIÓN SOBRE CUBILLAS DESDE 2010

Según fuentes jurídicas, la Fiscalía solicitó al juez Velasco que cursara una comisión rogatoria a la Justicia venezolana pidiéndole por vía oficial esta documentación. El problema es que el Gobierno de Chávez ni siquiera ha contestado a la petición de extradición que el Consejo de Ministros cursó el 29 de octubre de 2010 en cumplimiento de la orden de busca y captura dictada por el juez Velasco.

Según la denuncia que Covite realizó en la Cumbre de Ministros Iberoamericanos que se celebró en septiembre pasado en Valencia, en Venezuela viven 45 etarras deportados que podrían contribuir a esclarecer los 326 atentados que, según sus datos, siguen todavía sin resolver.

TESTIMONIOS DE ARREPENTIDOS

Aunque la principal prueba que obra en el proceso --los ordenadores capturados al líder de las FARC 'Raúl Reyes' en marzo de 2008--, fue anulada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, el juez tomó declaración en 2011 a una decena de guerrilleros arrepentidos que constataron que Cubillas Fontán visitó en 2006 y 2007 los campamentos de la guerrilla y que varios etarras recibieron en esas fechas cursillos en el manejo de armas y explosivos.

Los antiguos integrantes de las FARC señalaron que ambas organizaciones terroristas colaboraron para la mejora en el uso de armas y explosivos R1, TNT y C1, e identificaron entre los terroristas que acudieron a los campamentos de la guerrilla a Cubillas Fontán, José María Zaldua Corta, ya fallecido, y José Ignacio Olascoaga Múgica.

El magistrado procesó en febrero de 2010 a los etarras Cubillas Fontán, José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso, José María Zaldúa Corta (ya fallecido), José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio. A todos ellos les imputó un delito de colaboración con organización terrorista; a los cuatro primeros, además, el de tenencia de explosivos, y a Cubillas Fontán también el de conspiración para cometer homicidios terroristas.

En marzo de 2011 amplió el procesamiento al exjefe militar de ETA Mikel Kabikoitz Karrera Sarobe, 'Ata'; al exresponsable del aparato político Francisco Javier López Peña, 'Thierry'; y a los etarras Ignacio Olascoaga, José Lorenzo Ayestarán, Iurgi Mendinueta e Iurgi Mendinueta, al tiempo que amplió la imputación a Cubillas al considerarle dirigente de la organización terrorista.

También fueron procesados los presuntos miembros de las FARC Omar Arturo Zabala Padilla y Víctor Ramón Vargas Salazar por un delito de conspiración para cometer homicidios terroristas, mientras que a Gustavo Navarro Morales, Emiro del Carmen Ropero Suárez, Rodrigo Granda Escobar, Remedios García Albert y Luciano Martín Arango les atribuyó un delito de colaboración con banda armada.