CSIF rechaza el plan de desescalada de Justicia, y denuncia que no cuadra con el planificado por Sanidad

Un juzgado
Un juzgado - CSIF - Archivo
Actualizado: lunes, 11 mayo 2020 18:43

Sigue en directo la última hora sobre el coronavirus en España y en el mundo 

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mostrado este lunes su rechazo al plan de desescalada planteado por el Ministerio de Justicia y ha dirigido quejas tanto al departamento que dirige Juan Carlos Campo como al Ministerio de Sanidad para que expliquen por qué a partir de mañana habrá provincias que entren en la fase 1 en Justicia mientras permanecen en la fase 0 conforme a los criterios sanitarios.

En un comunicado, el sindicato de funcionarios exige además a Justicia que se realicen test a los trabajadores, que se provea de mascarillas al personal, y lamenta que la desescalada comience "sin evaluación de riesgo ni protocolos para autopsias, manejo de muestras biológicas, diligencias o salas de vistas".

"La Administración de Justicia comienza mañana, martes 12 de mayo, el proceso de desescalada sin las debidas garantías de seguridad para la plantilla", aseveran, para acto seguido exigir una correcta evaluación de riesgos, máxime en determinadas actividades como las diligencias de calle o en lugares como archivos con mala ventilación.

Además, opinan que esa evaluación debiera realizarse en todo caso antes del inicio de la Fase 1 que arranca este martes pues, en caso contrario, "carecería de sentido y se estaría exponiendo al personal de Justicia". Con todo, el sindicato comparte con Justicia la necesidad de reactivar la Administración de Justicia.

Pero a la vez advierten de que se vuelve sin que se garanticen test fiables previos, "que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sí que prevé para jueces y magistrados", y sin garantizar tampoco una provisión efectiva de equipos de protección individual, "que han brillado por su ausencia desde que comenzó la crisis".

UNA DESESCALADA AL MARGEN Y CAMBIANTE

Desde CSIF insisten en que la desescalada en la Administración de Justicia se hace al margen del plan general del Gobierno y centrada, únicamente, "en la reactivación de los plazos procesales y no en criterios sanitarios y de salud pública" que son los que deberían regir la vuelta a la normalidad en una crisis de salud pública y en un estado de alarma por emergencia sanitaria.

Además, echan en cara a Campo que la propuesta de desescalada del Ministerio de Justicia haya ido cambiando en los últimos días, y ponen como ejemplo que se ha pasado de cinco fases a cuatro, y de porcentajes fijos de plantilla a horquillas. Denuncian asimismo que hasta el miércoles pasado a las 22.00 horas no tuvieron un primer documento completo para negociar.

El sindicato, valorando las cuatro fases propuestas por Justicia, opina que la Administración de Justicia se mantendrá en fase 3 durante un largo tiempo ya que la fase 4, de completa normalidad, llegará con el levantamiento del estado de alarma. Esa fase 3, denominada como de 'Actividad ordinaria, con plazos procesales activados',supondrá la incorporación del 100 de los efectivos de cada centro de destino en
turno de mañana y tarde.

Para CSIF "es previsible" que a fase 4 no se llegue "hasta que no haya una vacuna o tratamiento efectivo" contra el coronavirus. "Es decir, el Ministerio quiere mantener la Fase 3 con la aplicación de las medidas del Real Decreto Ley más allá de los tres meses fijados en el mismo", denuncian.

EL MINISTERIO SE EQUIVOCA "AL IMPONER MEDIDAS"

En definitiva, opinan que el departamento dirigido por Juan Carlos Campo se ha equivocado al "imponer unas medidas mediante un Real decreto-ley", a pesar de lo que desde CSIF aseguran que han realizado un importante esfuerzo por acercar posturas hasta el último momento para "buscar un acuerdo de desescalada organizada y coherente con la prioridad de proteger la salud del personal".

"Tras tres semanas desde la solicitud sindical de negociación y sin respuesta por parte del Ministerio, en la reunión con el ministro del pasado 23 de abril se nos exigió a los sindicatos que firmáramos un cheque en blanco sobre las medidas que iban en un Real Decreto Ley cuyo borrador se negó a facilitarnos, ni siquiera ese mismo día ni dar plazo para que pudiéramos presentar unas mínimas alegaciones", lamentan.