Cuatro policías de Gijón se enfrentan a doce años de cárcel acusados de falsificar una multa "por venganza"

GIJÓN, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón acogerá el jueves, 25 de febrero, el juicio contra cuatro policías locales que supuestamente falsificaron una multa para perjudicar a un joven, J.C.E.S., con el que uno de ellos estaba enemistado por haber testificado contra él en otro juicio, confirmaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Según informó la Fiscalía, se les imputa un delito de falsedad documental del que son criminalmente responsables en concepto de autores materiales por el que deberán abonar una multa de 1.440 euros cada uno. Además, se interesa que indemnicen conjunta y solidariamente al afectado en 300 euros por los perjuicios causados y en 1.000 euros en concepto de daños morales.

Los hechos se remontan al pasado 17 de febrero de 2003, cuando el demandante intervino como testigo presencial de la defensa en un juicio, iniciado a raíz de la denuncia de uno de los policías ahora acusados. Supuestamente, el citado policía le había recriminado el que asistiera como testigo al juicio.

Con anterioridad a ese juicio, otro de los agentes denunciados había protagonizado un incidente en el establecimiento hostelero en el que trabajaba el demandante. Según la acusación particular, tuvieron que expulsarlo del local al molestar a varios clientes. Supuestamente, el hombre se encontraba desnudo de cintura para arriba y fue cuando lo expulsaron cuando apeló a su condición de policía y advirtió a J.C.E.S. que iba a tener problemas, especialmente con su vehículo.

Debido a ello, el demandante fue muy cuidadoso con el aparcamiento de su vehículo durante el tiempo que trabajó en el citado local hostelero y no le multaron, al contrario que a uno de los propietarios, a quien incluso le recomendaron que despidiera al demandante.

A raíz de que J.C.E.S. cambió de trabajo, la situación se calmó hasta que fue interceptado, el 16 de Junio de 2005, por los dos policías mientras circulaba con su vehículo particular por la avenida de Pablo Iglesias. Tras comprobar que la documentación la llevaba en regla, y a preguntas del demandante, el policía le recriminó ir como testigo al juicio y le conminó a que se lo pensara mejor antes de volver a hacerlo.

Casi dos meses después, el 12 de agosto de 2005, recibió una citación como acusado por proferir supuestas amenazas a ambos agentes. El demandante expuso una queja ante el Ayuntamiento al considerar que se trataba de una represalia, que fue archivada un año después. Con motivo de la denuncia, J.C.E.S. fue condenado a satisfacer una multa de 10 días con cuota diaria de tres euros, al no haber testigos.

Posteriormente, el 5 de enero de 2006 el demandante circulaba por la calle de Cabrales hacia la de Domínguez Gil con un vehículo de 'leasing' contratado por la empresa para la que trabajaba en ese momento. En dicha confluencia de calles se encontraban los dos agentes regulando el tráfico. Uno de ellos avisó al otro agente de la presencia del demandante, tomando este policía notas en su libreta.

Con relación a estos hechos, el 8 de Marzo de 2006, J.C.E.S. recibió la notificación de una denuncia por supuesta conducción temeraria producida el 5 de enero, en la que se indica que el denunciado "se salta un semáforo en rojo, obligando a los peatones a saltar a la acera para no ser atropellados". No obstante, figura como lugar la confluencia de las calles de Munuza y San Bernardo, pese a que allí no hay semáforo.

Además, en el escrito de la acusación particular se recalca que la notificación de la multa la recibe en su domicilio particular, cuando a él no le pararon para identificarle y pese a ser el vehículo es de 'leasing'. Tampoco consta, entre otras cosas, la identificación de los peatones.

La citada denuncia no fue firmada por los dos agentes, sino por otros dos compañeros que no estaban en el lugar, contra los que el demandante formuló denuncia por falsificación de documento oficial. Por estos hechos, J.C.E.S. fue sancionado con una multa de 332 euros por conducción temeraria.

ACUSACIÓN PARTICULAR

Por su parte, la acusación particular solicita una pena total de 16 años de prisión por el delito de falsificación de la multa, a razón de cuatro años para cada uno. Asimismo, pide que abonen multa de quince meses con cuota diaria de 12 euros y que se les inhabilite para empleo o cargo público por durante seis años por un delito de falsedad en documento oficial por funcionario público.

Además, pide para dos de ellos, a los que acusa de tomar represalias contra él por su condición de testigo en el citado juicio, dos años y seis meses de prisión y multa de quince meses con cuota diaria de 12 euros por un delito contra la Administración de Justicia, con la accesoria de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de cuatro años y con la agravante de valerse de su calidad de empleados públicos.

También les acusa de un delito continuado de atentado grave contra la integridad moral cometido por funcionario público, por el que les pide para cada uno un año y nueve meses de prisión e inhabilitación especial para empleo y cargo público por plazo de cuatro años.

Asimismo, el demandante solicita, en concepto de responsabilidad civil, una indemnización por importe de 362 euros por las multas y 6.000 euros por daños morales, así como las costas del juicio.