Cuestión de confianza: qué es y quién puede impulsarla en política

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado este lunes que su grupo parlamentario en el Congreso ha registrado una solicitud para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza.

Según Puigdemont, esta iniciativa surge ante la falta de avances en los acuerdos con el PSOE y su deseo de que Sánchez "dé la cara" en el Parlamento, tras considerar que "no ha hecho suficiente" para mantener la confianza de los diputados de Junts.

Este mecanismo parlamentario, recogido en la Constitución Española de 1978, está diseñado para medir el respaldo de un Gobierno y tiene características específicas que lo distinguen de otros procedimientos como la moción de censura --aunque ambos están recogidos en los artículos 112, 113 y 114 dentro del Título V que regula las relaciones entre el Gobierno de la Nación y las Cortes Generales.

¿QUÉ ES UNA CUESTIÓN DE CONFIANZA?

La cuestión de confianza es un recurso que el presidente del Gobierno puede emplear para comprobar si cuenta con el apoyo suficiente de la mayoría parlamentaria para seguir al frente del Ejecutivo. Según el artículo 112 de la Constitución, esta herramienta permite al presidente someter a votación en el Congreso un programa o una declaración de política general, previa deliberación en el Consejo de Ministros.

El procedimiento se asemeja a un Debate de Investidura. Una vez presentada la solicitud, la Junta de Portavoces del Congreso fija una fecha para el pleno, donde se debate la cuestión planteada. La votación, que se realiza públicamente y por llamamiento, requiere mayoría simple (más votos a favor que en contra) para que el presidente obtenga la confianza de la Cámara y tiene que realizarse antes de que pasen 24 horas.

¿QUÉ OCURRE SI NO SE SUPERA?

En caso de que el Congreso niegue la confianza al presidente, éste debe presentar su dimisión ante el Rey, quien iniciará el proceso para designar a un nuevo jefe del Ejecutivo. Este procedimiento incluye consultas con los grupos parlamentarios, una nueva sesión de investidura y la votación correspondiente en el Congreso.

Desde la aprobación de la Constitución en 1978, solo dos presidentes del Gobierno se han sometido a una cuestión de confianza. En septiembre de 1980 fue Adolfo Suárez, de UCD, quien reclamó apoyo a la Cámara para superar la crisis y desarrollar el estado autonómico recién aprobado en la Carta Magna. La superó con creces al sumar 180 síes (UCD, Minoría catalana y andalucistas, básicamente) frente a 164 noes y dos abstenciones.

Diez años después, en abril de 1990, el socialista Felipe González se sometió a la cuestión de confianza tras los problemas en el recuento de escaños en varias circunscripciones en las elecciones celebradas meses antes, en las que el PP impugnó en los tribunales los resultados de Murcia, Pontevedra y Melilla. Al final, el PSOE superó el trámite con sus 175 diputados más un representante de la Agrupación Independiente de Canarias (AIC), frente a 130 noes y 37 abstenciones.

¿QUIÉN PUEDE IMPULSARLA Y EN QUÉ SE DIFERENCIA DE LA MOCIÓN DE CENSURA?

A diferencia de la moción de censura, que es una herramienta reservada a la oposición para exigir responsabilidades políticas, la cuestión de confianza es prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno. Mientras que la cuestión de confianza requiere mayoría simple para ser superada, la moción de censura necesita mayoría absoluta (176 votos) y debe incluir un candidato alternativo a la Presidencia.

En este contexto, Junts ha registrado su solicitud para que Sánchez se someta a este mecanismo. Sin embargo, el propio presidente del Gobierno tiene la última palabra sobre si llevar adelante o no la cuestión de confianza, lo que podría marcar un hito en la política reciente.

La cuestión de confianza no solo permite al presidente reforzar su liderazgo, sino que también otorga al Parlamento la posibilidad de expresar su apoyo o rechazo de manera directa. Este procedimiento, aunque no habitual, puede convertirse en un termómetro de la estabilidad política y en un punto de inflexión para resolver tensiones entre el Ejecutivo y los partidos que lo respaldan.