Las cúpulas de CC.OO. y UGT aseguran que desconvocan la huelga en Justicia para no seguir afectando más al ciudadano

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de las Federaciones de Servicios Públicos de CC.OO y UGT, Miguel Segarra y Julio Lacuerda, respectivamente, justificaron su apoyo al acuerdo suscrito con el ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, a la necesidad de dar solución a un conflicto que estaba perjudicando de forma muy importante a los ciudadanos.

En rueda de prensa, los responsables de UGT y CC.OO. aseguraron que el acuerdo cuenta con legitimidad sindical, ya que ambas organizaciones representan entorno al 80% de los funcionarios de Justicia sindicados.

"La sociedad española necesitaba la certeza de que esto de hoy era algo necesario e indispensable", enfatizó Lacuerda en referencia a la polémica suscitada por haber suscrito el acuerdo sin la convocatoria de un referéndum previo con los trabajadores, como harán los otros dos sindicatos representados CSI-CSIF y STAJ, que han mostrado su conformidad con el pacto pero que no lo firmarán hasta que sea respaldado por los trabajadores, el lunes o martes.

Lacuerda y Segarra afirmaron además que aparte de las mejoras laborales, ambas organizaciones "renuevan su compromiso público con la sociedad".

Al respecto, Segarra apuntó que se constató por parte de la dirección de CC.OO. que la huelga basada en reivindicaciones "justas" estaba entrando en una contradicción con la voluntad del sindicato de mejorar el servicio judicial a los ciudadanos.

"Debía darse una salida al conflicto por los usuarios de este país", indicó, por su parte, Lacuerda, quien detalló que su concurso en la mesa de negociación fue aportar "equilibrio, sensatez y rigor" a la misma. "Este conflicto también nos tiene que servir para hacer autocrítica", reconoció.

OPOSICIÓN DE LAS ÁREAS SINDICALES DE JUSTICIA.

Sobre la polémica suscitada por la oposición que ha suscitado la firma del acuerdo con sus respectivas áreas de Justicia, ambos detallaron que sus ramas sindicales estaban de acuerdo en el pacto suscrito, y se les explicó que por la estructura de ambas organizaciones no era necesario el referéndum porque la consulta del pacto debe hacerse en los órganos de dirección.

Concretamente, Lacuerda se mostró más crítico sobre la posibilidad del referéndum, que, en su opinión, no se puede desarrollar con las "mínimas garantías de veracidad".

"Lo que no se puede hacer, una vez metido en el ajo, es no saber cómo salir: o no representaban nada o hoy han demostrado que representaban menos de lo que ellos consideraban representar. Nadie va a inventar el sindicalismo hoy, se toman decisiones y se asumen responsabilidades", enfatizó el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT.

Por ello, Segarra detalló que su previsión es convocar una reunión extraordinaria de la comisión ejecutiva de CC.OO. para ratificar el consenso sobre la propuesta económica, dando desde hoy por desconvocada la huelga.

Sobre los planes de recuperación, el responsable de UGT detalló que posiblemente la puesta al día de los órganos judiciales afectados se demore más allá de tres meses.

Al término de la reunión, varios funcionarios congregados increparon a los representantes sindicales por su actitud, calificándoles de "traidores" y "cagados". "Qué salgan como ratas" se llegó a apuntar por los mismos.

LOS SINDICATOS STAJ Y CSI-CSIF CONTINÚAN LA HUELGA

Anteriormente, los sindicatos STAJ y CSI-CSIF anunciaron que ellos no daban por desconvocada la huelga y que mañana intentarían realizar el referéndum sobre la propuesta del Ministerio a los funcionarios.

En declaraciones a los medios de comunicación a la salida de la decimocuarta mesa de negociación con el Ministerio, los portavoces sindicales de la plataforma censuraron la actitud de Bermejo por no querer aceptar la consulta a los trabajadores, y se comprometieron a realizarla, dando posteriormente la respuesta de la misma al Gobierno.

La representante de STAJ, Herminia Ruiz, recriminó la actitud del Ministerio al no querer aceptar el documento elaborado por la plataforma sindical de Justicia, en la que se solicitaba someter a referéndum la propuesta del Ministerio al no alcanzar esta la totalidad de las reivindicaciones de los trabajadores.

Aunque la propuesta mejora las anteriores y se aseguraba que se promulgaría el voto favorable a la misma por parte de los representantes sindicales, finalmente el secretario de Estado del Ministerio, Julio Pérez, no ha querido aceptar el texto limitándose a decir que lo presentaría al Registro.

FALTA DE DEMOCRACIA

Mientras, el portavoz de Justicia de CC.OO, Javier Hernández, que fue recibido con aplausos por los manifestantes, indicó que la Federación de Servicios Públicos de CC.OO ha firmado "en su nombre" y "en contra del criterio del área de Justicia" la propuesta elevada por el Ministerio.

También pidió la dimisión del ministro de Justicia y señaló que la determinación de firmar el acuerdo se ha tomado de forma unilateral por el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de CC.OO., quien a su juicio ha roto la plataforma sindical de los trabajadores.

"Con la actitud arrogante de una persona, que es de mi sindicato y ha actuado antidemocráticamente, nos parece ilegítima su actitud y con la del ministro, que es incapaz de aceptar una condición sencillísima que es el que la democracia decide esta huelga y no individuos sueltos que están al margen de los trabajadores", apostilló Hernández.

Por su parte, el secretario general de CSI-CSIF, Juan Antonio Martín, acusó a Bermejo de saltarse a los sindicatos representativos del área de Justicia con su decisión de firmar un preacuerdo con CC.OO y UGT.

"Ha intentado vilmente negociar a otro nivel. Pedimos nuevamente su dimisión", precisó Martín, quien a continuación subrayó que si finalmente se aplica las medidas del documento, la tramitación de asuntos judiciales tardarán al menos seis meses en "ponerse al día".

Finalmente, detalló que el plan de recuperación se articula mediante la fórmula de horario flexible mediante un desarrollo de seis horas semanales para recuperar los atrasos, objetivo que no se alcanzará al menos pasados seis meses, concluyó.