ALMERÍA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Níjar, Joaquín García (PSOE), el concejal de Urbanismo, Manuel Rodríguez y el jefe del Área de Urbanismo y Medio Ambiente del consistorio declararon hoy ante el Juzgado de Instrucción número tres de Almería como imputados por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento público y malversación de caudales públicos.
La comparecencia se produjo a pesar del recurso presentado por los querellantes, el colectivo Ecologistas en Acción, que pidió a la titular, la magistrada Juana Carreño Fernández, el aplazamiento del juicio en tanto no se les exima del pago de la fianza de 2.000 euros impuesto para poder ejercer la acusación particular.
Así, y sin poder haber tenido acceso al contenido del testimonio prestado por los tres acusados, el letrado de la asociación, José Ignacio Domínguez, confirmó a Europa Press que pedirán la nulidad de todas la actuaciones instruidas por el juzgado a partir de ahora, incluida la declaración de García, hasta que la Audiencia Provincial no resuelva el recurso interpuesto sobre la fianza y de que la Ecologistas asegura estar exento en virtud del Convenio de Aarhus suscrito por España que permite a las asociaciones que defienden el medio ambiente que actúen gratuitamente en los procedimientos relacionados con la ordenación del territorio y el uso del suelo.
Al hilo de esto, Domínguez señalo que de fallar la Audiencia Provincial en este sentido sería el segundo revés que sufre la titular del Juzgado de Instrucción número tres de Almería a la que el mismo órgano judicial ordenó, en auto del pasado día 9, la reapertura del caso y la admisión a trámite de la querella criminal interpuesta por Ecologistas en Acción contra el primer edil de Níjar, una causa que fue archivada por la titular instructora en marzo de 2006.
El magistrado, Juan Ruiz-Rico, consideró así el recurso de apelación del colectivo conservacionista por apreciar que la juez dejó de llevar a cabo las necesarias y precisas diligencias de investigación para determinar el archivo de la querella.
En esta línea, el letrado de Ecologistas en Acción recordó el precedente del sobreseimento del caso 'Androcymbium' contra altos cargos de Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía --entre ellos el delegado provincial en Almería, Juan José Luque y el director general del Medio Natural, José Guirado-- dictado por Juzgado de lo Penal número uno de Almería por un delito ecológico, auto que fue declarado nulo por la Audiencia Provincial de Almería por las mismas circunstancias que ahora concurren.
Tanto el primer edil, como el concejal de Urbanismo de Níjar, Manuel Rodríguez y el jefe del Área de Urbanismo, Federico García, quienes defendieron su inocencia ante la jueza y declinaron hacer declaraciones acerca de la causa, están acusados en relación a la cesión al consistorio de un solar de 12.100 metros cuadrados en la pedanía de Aguamarga --en el parque natural Cabo de Gata-Níjar-- por parte del entonces concejal en equipo de Gobierno José Cayuela. La finca, que en realidad nunca existió, fue inscrita por duplicado en el Registro de la Propiedad.
Precisamente, una de las diligencias que el colectivo conservacionista pedirá al Juzgado que oficie es la solicitud al Registro Catastral de la ficha y planimetría de la citada finca cuya existencia el edil de Urbanismo aseguró hace dos semanas ya se había resuelto por la vía civil, un extremo que Ecologistas en Acción niega.
Cayuela, imputado en otra causa junto al arquitecto Pedro Nau por este mismo convenio que se dirime en el Juzgado de lo Penal número dos de Almería, habría recibido licencia para la construcción de una urbanización que cuadriplica en superficie lo permitido por la Normas Subsidiarias (NNSS) del municipio.
El Juzgado de lo Penal número dos de Almería aplazó el pasado día 8 la vista oral del juicio contra el ex edil, José Cayuela, y fijó nueva fecha para el día 19 de junio por estar ingresado en el Hospital Torrecárdenas de la capital el otro imputado, Pedro Nau, por los delitos de estafa, falsedad en documento público, usurpación y contra la ordenación del territorio. La acusación particular pide una pena de siete años de cárcel y una indemnización al Ayuntamiento de Níjar de 1.880.000 euros.
