En el auto judicial se apunta que de lo actuado hasta el momento se desprende la posible comisión de un delito de homicidio
VALLADOLID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, José María Crespo, encargado de investigar la muerte de una niña de seis meses ocurrida el pasado día 11 de agosto en el Hospital General Yagüe de Burgos, al que fue derivada desde la capital vallisoletana con síntomas de haber sido golpeada, decretó hoy prisión provision comunicada y sin fianza para la cuidadora, María del Rosario R.D, de 38 años.
El juez decretó dicha medida, que recoge el oportuno auto judicial, tras tomar declaración a la 'canguro' este mediodía y en cuyo transcurso, tal y como explicaron con posterioridad el propio juez, el fiscal y el abogado defensor, la imputado se reafirmó en su versión inicial, es decir, que la niña se atragantó mientras tomaba una papilla.
Al término de la comparecencia, el juez instructor, de conformidad con la postura del Ministerio Fiscal y frente a lo solicitado por el defensor, que interesó la puesta en libertad de su patrocinada, dictó auto de prisión provisional comunicada y sin fianza para María del Rosario R.D. "por cuanto de lo actuado se desprende la posible existencia de un delito de homicidio y existen en la causa méritos bastantes para estimar responsable criminalmente de dicho delito a la detenida".
El juez recuerda, a través de su resolución a la que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, que si bien en un primer momento procesal no se contaba con datos que supusieran la existencia de indicios de un delito como el reseñado, la incorporación a la causa de sucesivas diligencias ha puesto de manifiesto que la versión inicial dada por la denunciada no era posible.
LESIONES INCOMPATIBLES CON UN ZARANDEO.
"La naturaleza de las lesiones recibidas por la fallecida no es compatible con un zarandeo en un intento de salvar un atragantamiento. No se duda de la existencia de éste, ni se afirma radicalmente su existencia, pero es innegable la existencia de lesiones traumáticas en el bebé, que a la postre le provocaron la muerte", advierte el instructor, quien considera discutible si el óbito fue causado de modo intencionado, lo que sería un homicidio doloso, o por una imprudente resolución del atragantamiento, que sería un homicidio por imprudencia.
En tal disyuntiva, Crespo apunta que el tipo penal indiciariamente aplicable variaría entre el artículo 138 (homicidio doloso) y el 142 del C.P (homicidio imprudente), con pena de privación de libertad de hasta cuatro años en abstracto en el caso más benévolo para la imputada, "siendo ésta la que debe ser tenida en cuenta en esta resolución, y no así la que en definitiva pudiera corresponder caso de celebrarse juicio oral".
"La pena mayor posible, de momento considerada, 15 años de prisión, sin olvidar la otra posibilidad de cuatro años de prisión, constituye elemento suficiente para considerar que podría existir riesgo de fuga de la imputada, con independencia de los familiares a su cargo, dato que de cara a esta resolución no es posible tener en cuenta como motivo para no acordar la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza", concluye el auto.
En cuanto a la participación en los hechos de la imputada, el juez no tiene duda alguna, "dado que recibió al bebé en perfecto estado y al llegar la asistencia médica y antes la vecina estaba ya inconsciente".
La cuidadora fue detenida ayer por la tarde en la localidad zamorana de Guarrate, donde se encontraba pasando las vacaciones en compañía de sus padres. Los agentes de la Benemérita, tras recibir la orden de detención cursada ayer por el juez, se desplazaron inicialmente hasta Laguna de Duero (Valladolid), término donde la sospechosa tiene su residencia habitual, si bien descubrieron entonces que no se hallaba en su domicilio y, a través del testimonio de vecinos, conocieron que la mujer disfrutaba de sus vacaciones estivales en Guarrate.
La detención inmediata ya había sido solicitada por la Fiscalía de Valladolid tras tener acceso al informe de la autopsia, que revelaba que el bebé presentaba fractura de los huesos frontal y parietal del cráneo, si bien dicha medida no había sido ejecutada por encontrarse el juez instructor de vacaciones hasta el día de ayer.
Este último, al incorporarse ayer a su despacho, y tras analizar la autopsia, decretó la detención de la cuidadora, Rosario R, de 38 años y vecina de Laguna de Duero, que fue la que se encontraba con la niña el día en el que tuvo que ser trasladada de urgencia inicialmente hasta el Hospital Clínico Universitario.
Hasta el momento, la propia 'canguro', que, al igual que la madre de la niña y algunos vecinos ya declararon por estos hechos ante la Policía Nacional, porfiaba en su inocencia y aseguraba que las lesiones que presentaba la niña se las pudo causar al intentar reanimarla tras atragantarse mientras le daba una papilla.
Desde entonces, la madre de la niña, una madre soltera que la tuvo por inseminación artificial, y su entorno familiar habían acusado directamente a la empleada de la muerte del bebé, A.H.A, y habían anunciado su intención de personarse como acusación particular en el caso, al tiempo de que habían denunciado públicamente la sensación de abandono por parte de los distintos organismos y de la propia Justicia, capítulo este último en el que se incluía al instructor por irse de vacaciones sin tomar cartas en el asunto y al engranaje judicial por los quince días de retraso con que llegó el informe forense a manos del juez.
Los hechos investigados hacen referencia a la muerte de la niña vallisoletana de seis meses ocurrida el 11 de agosto en el General Yagüe de Burgos, donde ingreso con politraumatismos en la cabeza y una hemorragia cerebral. La niña fue atendida a primera hora de la tarde del jueves, día 9 de agosto, en el Clínico Universitario de Valladolid y poco después, ante la falta de una UCI pediátrica, trasladada en helicóptero a su homólogo burgalés.
Las lesiones que presentaba la niña pusieron en alerta a los sanitarios, que más tarde y, tras un reconocimiento más en profundidad, rellenaron un informe protocolario ante la posibilidad de que se tratara de un caso de malos tratos en el ámbito familiar.
