La defensa de Diéguez entrega la contabilidad de Metalumba al juez del caso Son Oms

PALMA DE MALLORCA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La defensa de Elisabeth Diéguez, presunta testaferro del ex consejero insular de Territorio, Bartomeu Vicens, ha entregado al juez instructor del caso Son Oms la contabilidad de Metalumba, empresa que habría servido de tapadera para cobrar 700.000 euros procedentes del 15 por ciento de comisiones que supuestamente cobró a raíz de la recalificación del polígono palmesano.

Así lo han informado a Europa Press fuentes judiciales, que han explicado que el abogado Jaime Campaner ha aportado a la causa la contabilidad después de que el fiscal Juan Carrau pidiese que se la tuviera retenida a disposición del Juzgado a fin de que pudiera llevarse a cabo la entrada y registro de Metalumba, con la presencia de Diéguez, a fin de hallar las cuentas de la empresa.

Ante esto, el letrado de Diéguez, Jaime Campaner, se ha opuesto a esta medida de forma contundente al alegar que su patrocinada es funcionaria y que ha comparecido al llamamiento judidial, además de aseverar que en Metalumba no tiene capacidad para decidir. Es más, el letrado ha señalado que aportaría él mismo la contabilidad, tras lo cual la Fiscalía ha pedido que quedara sin efecto su solicitud de retención, a lo que ha accedido el juez.

La imputada ha podido de este modo abandonar los Juzgados de Vía Alemania, mientras que a última hora de la mañana su defensa ha acudido nuevamente a las dependencias judiciales para entregar las cuentas de Metalumba, creada en 2002 por Vicens, quien puso la mercantil a nombre de su mujer, Antònia Martorell, y a Diéguez como administradora única, si bien la Fiscalía la considera testaferro del ex consejero.

El caso se desató después de que un empresario y propietario de una de las fincas de Son Oms, Ángel Ochando, denunciara ante la Fiscalía que Vicens y el el ex presidente del Parlament, Maximilià Morales (UM) le exigieron comisiones de un 15 por ciento por la recalificación de su solar.

Tras ello, la Fiscalía Anticorrupción interpuso una querella contra Vicens y Morales, así como contra el abogado Jaume Montis. El Ministerio Público investiga de esta forma si se cometieron delitos de alcance millonario por tráfico de influencias, estafas y negociaciones prohibidas mediante el cobro de comisiones por la recalificación de las parcelas de suelo rústico a urbanizable.