El abogado de Messina sostiene que otras cadenas tampoco cumplían con los requisitos de la Ley y se consideró infracción administrativa.
MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
La defensa del ex vicepresidente de Telecinco Santiago Muñoz Machado pidió hoy a la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional que declare la nulidad de lo actuado en la causa en la que se le juzga, junto con el ex director general de la ONCE y ex presidente de la cadena de televisión, Miguel Durán, y otros ex seis accionistas de la misma por supuestas irregularidades cuando estaban al frente de su gestión.
Muñoz Machado, para quien la fiscal pide 10 años de cárcel y multa de 37 millones de euros, basó su petición de nulidad de actuaciones en la "falta de competencia" de la Audiencia Nacional para enjuiciar los hechos investigados y por la, según él, "manifiesta parcialidad objetiva" del juez Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, que instruyó la causa.
El abogado de Muñoz Machado, Javier Boix, exigió al tribunal la nulidad de las actuaciones por "vulneración objetiva de las normas de reparto" para que la causa fuera investigada por el Juzgado Central de Instrucción número 5. El letrado alegó que "no hay datos objetivos" de la presunta cuantía defraudada a la Hacienda Pública ni "del peligro que podría reportar a la economía nacional". "La creación de esta competencia artificial (del Juzgado número 5) conlleva a la nulidad de lo actuado", aseveró.
En este sentido, explicó que el juez Garzón alteró de manera "absolutamente inaceptable" los criterios de competencia para enjuiciar los hechos, puesto que, según apuntó, el propio Juzgado solicitó "los expedientes administrativos de Telecinco, Publiespaña y Telefututo para extender las actuaciones a una imputación por fraude fiscal". AMPLIACIÓN DE IMPUTACIONES.
El abogado también alegó que "se ha desvirtuado la razón de ser del procedimiento con lo sucedido a lo largo de la instrucción" en referencia también a la incoación de piezas "absurdamente" separadas. Así, relató que "el procedimiento se inició por violación del límite máximo de participación" prevista en la Ley de Televisiones Privadas y luego "se fueron ampliando" las imputaciones "fuera de lo previsto en la legalidad". "Desde el inicio de las diligencias hasta el escrito de acusación han ido variando sorprendentemente las acusaciones", agregó.
En su exposición de cuestiones previas, el abogado acusó al órgano instructor de la causa de "pérdida de imparcialidad objetiva", lo que, según dijo, incurre en "una evidente vulneración de los derechos fundamentales". "Todo esto conduce a la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo", añadió el letrado, que solicitó la retirada de los delitos fiscales de los que se acusa a su cliente, ya que no declaró como imputado con anterioridad a su acusación, que calificó de "inconcreta".
También criticó el que funcionarios de la Agencia Tributaria fuesen designados por el Juzgado como peritos judiciales sobre cuestiones tributarias, cuando, según afirmó "no se puede peritar sobre Derecho Tributario". En este sentido, se refirió a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo sobre esta cuestión, que establece que la prueba pericial efectuada por inspectores de Hacienda "carece de relevancia" al ser una opinión de funcionarios de la Agencia Tributaria. Por todo ello, reclamó "la nulidad de los informes tributarios" realizados en la instrucción por los citados peritos.
CAUSA ESPECIAL.
La defensa del ex consejero de Telecinco Alejandro Messina,para quien la Fiscalía pide 2 años de cárcel y una multa de 1.000 euros, se adhirió a lo manifestado por su compañero. A continuación, el letrado consideró "especial" la causa enjuiciada, al instruirse "en un momento político especial y en condiciones especiales del Juzgado Central de Instrucción número 5".
También denunció "vulneración del principio acusatorio" por parte del Ministerio Público, al haber adoptado "dos posiciones respecto a los mismos hechos" que se investigan en el sumario, en alusión a que, según señaló, la cadena de televisión Antena 3 "tampoco cumplía con los requisitos" recogidos entonces en la Ley de Televisiones Privadas, pese a que la Fiscalía concluyó "que no era delito, sino infracción administrativa".
Asimismo, insistió en que el sumario arrancó por vulneración de la Ley sobre televisiones privadas, que constituye una "pura infracción administrativa", y se amplió con "la incorporación de datos de la Agencia Tributaria".
El juicio continuará mañana con las cuestiones previas del resto de las defensas. De momento, la vista oral ha sido fijada también para el próximo lunes y martes.
