Solicitan que la exconsejera de Cultura Miren Azkarate comparezca como testigo en el juicio
VITORIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
El abogado del exviceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco Gurutz Larrañaga ha asegurado que su representado sólo está acusado en el juicio del 'caso de Miguel' porque era "el cargo más alto" al que podrían afectar los hechos investigados, dado que no existe "prueba de cargo" alguna que le vincule con la presunta trama de corrupción que es objeto de este procedimiento.
La Audiencia Provincial de Álava ha acogido este martes la segunda sesión de este juicio sobre el mayor presunto caso de corrupción de la historia en Euskadi, en el que están acusadas 26 personas, entre ellas varios exdirigentes del PNV, que se enfrentan a condenas que oscilan entre los siete y los 54 años de cárcel.
La supuesta trama se dedicaba a "obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes administraciones o entes públicos gobernados por el PNV", según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, que apunta al exdirigente 'jeltzale' Alfredo de Miguel como máximo responsable de la red.
PRESCRIPCIÓN
Las defensas de los acusados que han intervenido en esta segunda jornada del juicio han mantenido la misma línea argumental que emplearon los abogados que tomaron la palabra en la sesión del lunes. De esa forma, han reiterado que se decrete la "nulidad total" del procedimiento por la "vulneración" de los derechos fundamentales de sus representados durante la fase de instrucción y por la obtención de pruebas sin el pertinente mandato judicial.
También se ha aludido a la "vulneración" de la cadena de custodia de la grabación de audio que propició el inicio de la investigación en 2009, en la que se acredita el presunto cobro de comisiones ilegales a una empresaria para acceder a unos contratos públicos en el Parque Tecnológico de Miñano, en Álava. Otro de los argumentos que se ha manejado por las defensas es la posible prescripción de parte de los delitos que se imputan a los procesados.
Además de coincidir con el resto de las defensas en estos planteamientos, el abogado del Gurutz Larrañaga, ha planteado otros argumentos adicionales como estrategia de defensa para su representado.
Larrañaga fue viceconsejero de Cultura entre 2003 y 2009, durante la época de Juan José Ibarretxe (PNV) como lehendakari. La Fiscalía solicita para él 17 años de cárcel por la firma de varios contratos adjudicados a una de las empresas presuntamente implicadas en el cobro de comisiones ilegales.
"NO HAY IRREGULARIDADES"
Su abogado ha asegurado que Larrañaga "sólo está aquí por que era el cargo más alto del Gobierno Vasco en relación a lo que se está juzgando aquí, no porque haya irregularidad alguna, y mucho menos penal, achacable a él". Según ha indicado, al exviceconsejero se le imputan "delitos genéricos", pese a que no existe "ninguna prueba de cargo" en su contra.
La defensa de este acusado ha asegurado que en los veinte contratos investigados que fueron firmados por su defendido no se ha planteado "duda alguna" sobre posibles irregularidades y sobre los "controles" efectuados por el Gobierno Vasco.
"Todos los contratos tenían explicación", ha afirmado. En todo caso, ha precisado que Larrañaga, como viceconsejero, tan sólo se dedicaba a "autorizar" los contratos que le eran "propuestos" por el director del área, en referencia al exdirector de Juventud, Xabier Sánchez Robles, también acusado en este proceso.
A su vez, el abogado de Sánchez Robles -para el que se piden 18 años y cuatro meses de cárcel-- ha defendido la actuación del antiguo director de Juventud. Además, ha solicitado que se cite a siete nuevos testigos, entre ellos a la exconsejera de Cultura y antigua portavoz del Gobierno Vasco Miren Azkarate, para ofrecer información sobre el funcionamiento del Departamento de Cultura, del que dependía el área de Juventud.
"BLANQUEAR INFORMACIÓN"
"Puede que sea tirar alto, pero es por si otros que están en medio no han oído nada", ha manifestado, en referencia a la solicitud de que se llame a declarar ante el tribunal a la exconsejera de Cultura.
En la sesión de este martes también ha intervenido la defensa de Miren Lourdes Bilbao, directora técnica del Parque de Miñano entre 2007 y 2011, para la que la Fiscalía solicita una pena de once años y seis meses de cárcel.
El abogado de Bilbao ha denunciado que su representada fue introducida en el procedimiento únicamente para "blanquear" información que había sido obtenida por los investigadores "de manera no confesable".
En esta sesión del juicio del 'caso de Miguel', el presidente del tribunal ha aceptado algunas de las nuevas pruebas solicitadas por las partes en la jornada inaugural de la vista. De esa forma, ha aceptado que se cite a varios testigos nuevos, entre ellos a uno de los ertzainas que participó en la cadena de custodia del dispositivo con el que se realizó la grabación de la que partieron las investigaciones.
Por el contrario, y en contra de lo que planteaba su abogada, ha señalado que, al menos de momento, el acusado Jesús Arruti Odriozola debe seguir asistiendo a las sesiones del juicio pese a sus problemas físicos, aunque puede que más adelante no sea necesario que asista a las vistas.
La defensa de Arruti Odriozola, además, ha solicitado que vuelva a ser visto por el médico forense debido a su importante situación de "deterioro físico" y a la fuerte medicación que ha de tomar, que afectan a su "capacidad mental".
