OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
La defensa de José Laudelino Campelo manifestó que en el asunto que se juzga se demostró que hubo "mucho cotilleo" entre empresarios y políticos pero añadió que "no hay ninguna prueba clara" que impute a Campelo en un delito de cohecho. Destacó que nadie de los testigos que declararon ante el juez pudo afirmar que escuchó directamente al acusado pedir dinero.
El proceso finalizó hoy con las conclusiones de las partes y el alegato final del acusado y mañana el jurado popular, formado por nueve personas, comenzará las deliberaciones. La fiscalía y la acusación del PSOE elevaron a finales su escrito inicial de calificación por lo que mantienen la petición de una pena de un año y medio de cárcel por un delito de cohecho.
Por su parte, la acusación ejercida por IU rebajó la pena inicial de cuatro a dos años por un delito de cohecho y desechó que se produjera un segundo delito de tráfico de influencias.
El letrado de la defensa, José Luis Rebollo, aseguró que ni el empresario, José Manuel Vázquez, ni el ex concejal del PP del Ayuntamiento de Langreo, Javier Suárez-Amandi pudieron afirmar que Campelo pedía dinero. Rebollo mantuvo que el proceso para implantar un Centro comercial en Langreo fue "transparente y legal", de hecho, dijo, se concedió la licencia por unanimidad en el consistorio.
El abogado de Campelo afirmó también que el ex portavoz del PSOE en el ayuntamiento "no cobró ni un duro, ni pidió dinero a Eroski". "Si se hubiese querido enriquecer hubiera pedido dinero a las dos empresas interesadas", añadió el letrado.
Rebollo dejó claro que el empresario del grupo Codema, Pedro Piñera, declaró ante el juez que "no sabía para quien iba el dinero" por lo tanto, "nadie puede negar que las cantidades de dinero eran para el ayuntamiento y no para Campelo", sostuvo el abogado.
Además, la defensa de Campelo acusó a Piñera de mentir y negó que su cliente se reuniese con el empresario el 28 de septiembre de 2000 antes de que se celebrase el pleno del ayuntamiento para votar la adjudicación del terreno para crear un centro comercial, tal y como había asegurado Piñera en su declaración.
Respecto a las reuniones que Campelo mantuvo fuera del Ayuntamiento con los empresarios, Rebollo mantuvo que la función de los concejales es servir a los ciudadanos y por ello, consideró como "un acto normal" el hecho de que un político se reúna con todas aquellas personas que lo requieran.
En relación con la prueba pericial, el letrado de Campelo se quejó ante el juez "por no poder desarrollar con normalidad la prueba pericial que tenía preparada". Rebollo explicó al jurado que un perito judicial había grabado un CD en el que se demostraba que una cinta puede ser totalmente trucada sin que se note ningún corte.
La defensa intentaba con esta prueba explicar que la grabación en la que aparecía el acusado con los empresarios Pedro Piñera y Juan Pedro Iriazabal hablando sobre comisiones millonarias para implantar un centro comercial en Langreo "podría estar manipulada".
El abogado de Campelo sostuvo que durante siete años "se pudieron hacer con la cinta auténticas maravillas" y mostró su malestar ante el tribunal al asegurar que tuvo acceso a la cinta el 17 de septiembre de 2007.
