Recoge la exigencia de que se cierre el centro "Amparo Rodríguez Pérez", por falta de medios e higiene
MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo recomienda a la consejería de Empleo y Asuntos Sociales de Canarias que estudie incrementar las dotaciones presupuestarias necesarias para suplir las "carencias de medios y evitar el hacinamiento" en los centros de internamiento de menores en las islas, una recomendación incluida en el informe del trabajo de la oficina del defensor en 2005.
En el texto, se explica que se han efectuado investigaciones que ha demostrado la existencia de "determinadas carencias" de medios, como falta de plazas para cumplir medidas impuestas por sentencia, o de desintoxicación o para enfermos psiquiátricos, así como insuficiencia de equipos.
Esas investigaciones, se añade en el informe, permitieron constatar "la necesidad de garantizar la seguridad en los centros, con pleno respeto a los derechos de los menores". La oficina del defensor ha tenido conocimiento de denuncias contra personal y responsables de los centros "por dejación de funciones, al haberse producido amenazas y acoso físico entre los menores internados".
Con todo ello, la institución del Defensor insta a la consejería de Empleo y Asuntos sociales a dedicar más presupuesto a estos centros y evitar así el hacinamiento en las habitaciones, el traslado de los jóvenes a centros alejados de sus casas o que deban esperar para cumplir las medidas que se les han impuesto en sentencia firme.
También, se exige al Gobierno autonómico que cree un centro con personal especializado para los menores con problemas psicopatológicos y a crear el número de plazas necesarias para los drogodependientes. Asimismo, se le insta a abrir más talleres de formación y ocupación para los menores internados, y a preparar programas concertados para que realicen tareas sociales y educativas y servicios en beneficio de la comunidad.
CIERRE DEL CENTRO "AMPARO RODRÍGUEZ PÉREZ"
El informe del Defensor del Pueblo recoge un asunto que se conoció ya el año pasado, la recomendación de que se cierre el centro de menores de régimen cerrado "Amparo Rodríguez Pérez", en Las Palmas de Gran Canaria. Y que mientras se toma esta medida, se realicen de manera urgente obras de reparación y la limpieza necesarias.
Varios asesores de la institución visitaron el centro, situado en Punta de Gáldar, y comprobaron que "presentaba graves carencias que dificultaban o impedían la finalidad para la que se creó". Elevado número de jóvenes y reducidas dimensiones de los módulos, instalaciones deportivas "prácticamente inexistentes", poco espacios en los talleres y ninguna biblioteca.
Por otra parte, las habitaciones de los menores eran de reducidas dimensiones para la ocupación que presentaban, su aspecto era de desorden y falta de limpieza y tenían poca luz. Los baños comunes de cada módulo presentaban filtraciones de agua, su estado de limpieza era muy deficiente y un buen número de los cristales de las ventanas se encontraban rotos, según se relata en el informe del Defensor.
Se añade que uno de los principales problemas tanto para los trabajadores como para los menores era la escasa recogida de basuras por el servicio de limpieza municipal, dos días a la semana "y de forma deficiente".
DEBER LEGAL
Por otro lado, en el informe del Defensor del Pueblo se recuerda a algunas administraciones los deberes legales que les corresponde cumplir.
En el caso Canario, se recuerda al Gobierno autonómico que debe actuar conforme al principio de eficacia y con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico vigente para evitar problemas en la tramitación de los permisos de residencia de menores extranjeros no acompañados, problemas que pueden impedir la documentación de estos jóvenes.
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