Remitirá a Justicia e Interior esta petición de Ramona Garrido, viuda de un asesinado por la banda cuyo atentado fue sobreseído en 2009
MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo remitirá a los Ministerios de Justicia e Interior un escrito de más de 100 folios en el que se pide reconocer la actividad criminal de ETA como "crímenes contra la Humanidad" para evitar su prescripción. Esta acción ha sido redactada por el experto en Derecho Penal Internacional Miguel Ángel Rodríguez en representación de la víctima de ETA Ramona Garrido, viuda del empresario José María Latiegui, que fue asesinado por la banda el 14 de abril de 1981 en Usurbil (Guipúzcoa) y su crimen fue declarado prescrito en 2009.
En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Defensora del Pueblo reconoce que "en el pormenorizado documento se exponen detalladas consideraciones sobre la posible aplicación a los crímenes de la organización terrorista ETA de los conceptos y tipificaciones acuñadas por el Derecho Internacional incorporado a nuestro ordenamiento en particular en lo que se refiere al concepto de crímenes contra la humanidad".
"En consecuencia --continúa la Defensora del Pueblo-- vamos a exponer estas consideraciones a los Ministerios de Justicia e Interior, dándoles traslado de este problema en orden a la adopción de las medidas que en el marco sus competencias fueran más adecuadas para evitar la impunidad que se produciría por la generalizada declaración de prescripción de los delitos".
"PROBLEMA DE JUSTICIA EVIDENTE"
La Defensora del Pueblo, María Luis Cava de Llano y Carrió, recuerda en su escrito que en este aspecto "no puede pronunciarse" de manera directa "debido al respeto a las decisiones judiciales al que le obliga su ley orgánica reguladora". Sin embargo, se refiere a la situación personal de Ramona Garrido y otras víctimas al reconocer como "cierto que en su queja se expone un problema de justicia evidente, cual es que el asesinato de su marido y otros muchos, no ha podido ser aclarado en cuanto a las responsabilidades penales correspondientes".
"A mi marido me lo mataron unos auténticos nazis y nunca nadie ha reconocido nada en 31 años. Me decían que estaba prescrito y yo sabía que no era verdad, por eso nunca me he rendido aunque nos dejaran solos a mi familia, no me rendiré hasta no ver al asesino de mi marido condenado por la justicia, sólo le pido a Dios poder vivir lo suficiente para poder verlo antes de morirme", ha dicho Ramona Garrido a Europa Press tras conocer la respuesta de la Defensora del Pueblo.
Por su parte, su abogado y autor del texto jurídico, Miguel Ángel Rodríguez Arias, ha acogido la comunicación con "prudente optimismo" aunque anuncia que, en todo caso, a la espera de ver en qué se concreta, no van a alterar la línea de trabajo prevista con nuevas acciones ante instituciones nacionales e internacionales.
En ese sentido, ha avanzado que la semana que viene, está previsto que Ramona Garrido acuda al Parlamento Vasco para formular una petición al amparo de la Ley Orgánica 4/2001, para que éste reconozca y condene los "crímenes contra la humanidad de ETA" de igual manera que el Parlamento Vasco reconoció y condenó los crímenes contra la humanidad contra el pueblo Armenio, en 1915.
RECORRIDO DE LA INICIATIVA
Esta iniciativa fue presentada el pasado noviembre ante el Defensor del Pueblo con el objeto de lograr el reconocimiento del terrorismo etarra como crimen contra la humanidad en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de forma que los atentados no se declaren prescritos cuando cumplen 20 años, como sucede actualmente en España.
El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, se remite al Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles, que asegura que exigen la aplicación de la jurisprudencia de Nuremberg dictada en 1945 a todos los crímenes contra la humanidad posteriores a dicho momento.
A su juicio, las acciones etarras cumplen todos los requisitos de los crímenes contra la humanidad como "crímenes cometidos de forma sistemática y generalizada por parte de una organización armada ampliamente implantada en un territorio contra un grupo de población civil perseguida".
La iniciativa también hace referencia a las miles de personas "deportadas" del País Vasco y recuerda que la Corte Penal Internacional define como tal al "desplazamiento de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional".
POLÉMICA PRESCRIPCIÓN
En noviembre de 2009 la Audiencia Nacional acordó el sobreseimiento libre de la causa que instruía contra Zurutuza por el asesinato de Latiegui, al considerar que había transcurrido el plazo de prescripción de 20 años contemplado en el Código Penal de 1973, vigente en el momento en que se produjeron los hechos.
Así constaba en un auto dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Penal en el que admitía, a petición de la defensa del etarra y en contra del criterio de la Fiscalía, la prescripción del delito de asesinato terrorista por el que Zurutuza podría haber sido condenado a entre 26 y 30 años de cárcel.
La resolución, que contó con el voto particular discrepante de Gómez Bermúdez, se basa en el principio de que la prescripción de "un delito comienza a correr desde el día que se hubiese cometido" y sólo se interrumpe en el momento en el que "el procedimiento se dirige contra el culpable".
