Delgado y Capella abordan este miércoles la posible reforma para anular sentencias franquistas

Publicado 05/09/2018 7:32:16CET

El orden del día también alude a las contrataciones para impulsar la Oficina Judicial en los órganos de Cataluña

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, recibe este miércoles en la sede de su departamento a la consellera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Ester Capella, en la primera reunión que mantienen desde que ocupan sus respectivos cargos, un encuentro que incluirá en el orden del día varios asuntos relativos al funcionamiento de la Administración de Justicia, así como cuestiones relacionadas a la Ley de Memoria Histórica y en particular, el censo de víctimas del franquismo en territorio catalán. En el orden del día se incluye la posible reforma de la norma para declarar la nulidad de Consejos de Guerra y sentencias franquistas.

Según fuentes del Ministerio de Justicia consultadas por Europa Press, en este capítulo se abordará a la necesaria coordinación de ambas instituciones en materia de memoria histórica, bancos de ADN y censos de víctimas, asuntos estos que abordarán en ciernes de que comience la tramitación en el Congreso del Real Decreto que autoriza la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

ERC ya ha advertido al Gobierno de que contará con su apoyo para la convalidación de la iniciativa "siempre y cuando" esta venga acompañada de la declaración de nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales de excepción franquistas, que para la formación tienen su máxima expresión en el fallo por el que fue condenado a muerte y fusilado el 15 de octubre de 1940 el entonces presidente de la Generalitat, Lluís Companys.

Por su parte, Delgado anunció en su primera comparecencia como ministra ante el Congreso de los Diputados el pasado mes de julio su intención de promover una reforma de la Ley de Memoria Histórica para anular este tipo de sentencias, compromiso que reafirmó la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, a finales de agosto, ante las reticencias que planteaba ERC.

CONTRATACIONES PARA LA OFICINA JUDICIAL

Por otra parte, el orden del día incluye un punto sobre la implantación de la nueva oficina judicial, ya que el departamento que dirige Dolores Delgado tiene que aprobar la relación de puestos de trabajo, según las mismas fuentes consultadas en el Ministerio de Justicia.

Desde la Consellería catalana, explican que Capella y Delgado abordarán los retos conjuntos de la Administración de Justicia ya que "las profundas diferencias que hay entre ejecutivos no han de ser obstáculo para explorar vías de acuerdo para la mejora de los servicios y las políticas públicas". Aguran la búsqueda de posibles acuerdos en materia de Justicia.

LA CUESTIÓN DE LOS PRESOS

La reunión llega después de que este lunes el vicepresidente de la Generalitat y adjunto a la Presidencia de ERC, Pere Aragonès, avisara al Gobierno de que "no tiene sentido pedir el voto de ERC y avalar la prisión de su líder", y aseguró que el Ejecutivo central puede jugar un papel clave en el proceso judicial contra políticos independentistas marcando la "orientación" a la Abogacía del Estado y la Fiscalía General.

Capella, que siendo diputada de ERC en el Congreso era una de las habituales en las concentraciones de apoyo a los investigados por su participación en el 'procés' frente a las sedes de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo a las que los políticos soberanistas acudían a declarar, es actualmente la máxima responsable de Prisiones en Cataluña.

En este cargo, viene siendo acusada por el Partido Popular de proporcionar "trato de favor" a los políticos soberanistas encarcelados, permitiendo, entre otras ventajas, gozar de mayores y más amplios horarios de visitas.

La consellera, al igual que en su etapa de diputada, sostiene públicamente que se trata de "presos políticos" y reivindica su libertad, en línea con el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, quien hace pocas fechas advertía de que no aceptaría una sentencia condenatoria en el Tribunal Supremo a los líderes del 'procés' y abría la puerta a promover una huelga general si eso ocurría.