El despacho clave del 'caso Montoro' recurre la negativa del juez de Tarragona a traspasar la causa a juzgados de Madrid

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Equipo Económico ha recurrido la decisión del juez del 'caso Montoro' que investiga la causa en Tarragona de no traspasarla a los juzgados de Madrid y ha pedido que se los declare competentes.

En el recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, su defensa reclama a la Audiencia Provincial de Tarragona que revoque esa decisión y declare "incompetente" al juez de Tarragona.

El juez Rubén Rus investiga si desde el Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro se impulsaron leyes para beneficiar a empresas de gases industriales que eran clientes del despacho Equipo Económico, cofundado por el exministro y del que se desvinculó en 2008.

Rus desestimó en abril la petición de las defensas de varios investigados que sostienen que el juzgado de Tarragona a cargo del caso no es competente para llevar a cabo la investigación.

Ante esa negativa, la defensa insiste en que se declare no competente al actual instructor y sostiene que en la resolución no se dice "un solo elemento del tipo que haya llegado a producirse en Tarragona", sino que se "alude insistentemente" a que es allí "donde aparecen los primeros indicios, lo cual es algo muy diferente".

"Siendo así, los pagos efectuados desde Tarragona constituyen, en el mejor de los casos, actos preparatorios o instrumentales, mientras que la eventual realización de cualquiera de los tipos penales mencionados (concretados en las acciones de "pagar", "influir" e "inducir" a las que se refiere el auto) se situaría en un momento posterior; allí donde ese tercero despliega la verdadera actividad de influencia o intermediación con autoridades o funcionarios", apunta.

Para la defensa del despacho, "pretender, pese a ello, fijar el lugar de comisión en Tarragona supone confundir el contexto de origen de los fondos con el de ejecución de la conducta típica, desplazando artificialmente la competencia territorial y contradiciendo la propia descripción fáctica que efectúa la resolución".

"Si se sostiene que la influencia o interacción con autoridades se produjo directamente desde las propias empresas radicadas en Tarragona, resulta incierto entonces cuál sería el papel efectivo de mi representada en la supuesta dinámica comisiva", apostilla.

En esta línea, subraya que el hallazgo de los correos electrónicos obtenidos en el registro llevado a cabo en la empresa Messer, con sede en Tarragona, "resultan insuficientes" para "determinar la atribución de la competencia territorial para la instrucción".

Según se expone en el recurso de apelación, la resolución del juez instructor "incurre en una contradicción difícilmente salvable en la determinación del lugar de comisión de los hechos", ya que "sostiene reiteradamente que los delitos 'se cometen desde Tarragona' por el mero hecho de que allí se encuentra la sede de Messer", pero también dice que "es desde allí desde donde se 'paga', 'induce' e 'influencia' a los funcionarios públicos y autoridades de Madrid".

En esta causa, el juez investiga a personas físicas y jurídicas por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios o falsedad documental.