Le dice que no entregar al etarra, procesado en España, sería convertir a su país en "santuario" de acusados de crímenes de lesa humanidad
MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
Daniel Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia, ha remitido una carta al embajador francés en España, Jean-Michel Casa, en la que le reprocha la "injustificable" decisión de los tribunales galos de no entregar al exjefe de ETA José Antonio Urruticoechea, alias 'Josu Ternera', para ser enjuiciado por un delito de lesa humanidad, y le advierte de que si se vuelve a fugar emprenderá las "acciones judiciales oportunas".
El Tribunal de Apelación de París rechazó ayer la entrega por esta causa --aunque todavía está pendiente de resolver sobre otras tres-- al entender que los hechos que fundamentan la petición de la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, no se corresponden con lesa humanidad, un delito que además no existe en el Código Penal francés. Horas después, el mismo tribunal ordenó la libertad con control judicial para 'Josu Ternera'.
Portero manifiesta en su misiva al embajador su "estupor y malestar", y considera "arbitraria la argumentación dada por dicho Tribunal de Apelación" de no entregar al exdirigente etarra, pues asegura que "basa dicho rechazo de entrega en la 'imprecisión' de la calificación jurídica de los hechos que se le atribuyen y la fecha de los mismos".
LOS CUATRO JEFES DE ETA ENTRE 2004 Y 2009
En esta causa, 'Josu Ternera' está procesado junto con los también exjefes de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki'; Mikel Carrera Sarobe, alias 'Ata'; y Ángel Iriondo Yarza, alias 'Gurbitz', por los atentados cometidos por la banda terrorista a partir de 2004.
Según recuerda Portero al embajador, los cuatro eran "los máximos dirigentes del aparato militar y político de la organización terrorista en los hechos investigados, esto es desde el 1 de octubre de 2004 hasta 2009, los cuales participaron del plan de acciones delictivas durante su periodo de dirección, impartiendo las instrucciones precisas a los autores materiales para llevar a cabo las mismas". Explica que los hechos investigados con respecto a 'Josu Ternera' se centran en los años 2006, 2007 y 2008, entre ellos el atentado en la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas.
"Frente a los procesados existen firmes indicios de su participación en lesa humanidad es algo que ya ha sido apreciado por los propios tribunales españoles cuando estos, tras una larga instrucción de más de tres años, han acordado un auto firme de procesamiento de octubre de 2015 y que la justicia francesa tiene desde hace casi cinco años, y ello dentro de un procedimiento legal con todas las garantías como otro Estado miembro de la UE que es España en igualdad con Francia", recuerda.
DEBER INTERNACIONAL DESDE NÜREMBERG
Y ante un delito de lesa humanidad, Portero insiste en que, al igual que ante el de genocidio o crímenes de guerra, "existe un deber internacional reforzado e inexcusable de entrega y desde hace décadas", un "logro construido por todas las naciones civilizadas como desarrollo de los valiosos principios de Nüremberg". "Todo ello con mucha más razón aún entre dos Estados ambos de la Unión Europea", apunta.
Portero afirma que ante un procesamiento como el que se ha comunicado desde España, "sólo puede caber la entrega" y que sería en el desarrollo del juicio en la Audiencia Nacional donde las defensas podrían exponer las alegaciones de descargo, pero no antes.
"Todo lo demás es que el Estado francés desempeñe el rol de santuario de presuntos autores de crímenes contra la humanidad. Un retroceso de décadas en el Derecho penal internacional y en la protección internacional de víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos", subraya.
En su opinión, el Tribunal de Apelación de París ha entrado en el fondo de los hechos objeto de investigación a la hora de decidir sobre la entrega o no del etarra, por lo que considera que se ha "extralimitado" en los "requisitos cuya observancia se requiere para cumplimentar la orden europea de detención interesada por las autoridades judiciales españolas".
