La ex asesora de Podemos cree que "está siendo revictimizada" y obteniendo una "respuesta del sistema totalmente contraria a su protección"
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
La ex asesora de Podemos Dina Bousselham ha solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) que revoque la decisión del juez Manuel García Castellón de enviar el asunto a los juzgados de Madrid, a quienes correspondería la competencia, para que investiguen si cometió falso testimonio en la pieza separada donde se investiga el recorrido que tuvo su tarjeta telefónica desde que le robaron el móvil en 2015 hasta que su información apareció publicada.
En un escrito, presentado este mismo lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, Bousselham pide dejar sin efecto el auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 el pasado 1 de septiembre, donde pedía a los juzgados madrileños que investigaran si la ex asesora 'morada' y su ex marido, Ricardo Sa Ferreira, incurrieron en falso testimonio cuando declararon como testigos en esta pieza separada del 'caso Villarejo', la número 10.
La abogada de Bousselham, Marta Flor Núñez, recuerda que la Sala de lo Penal acordó el pasado 8 de septiembre reabrir la instrucción de 'Dina' para investigar si la antigua cúpula policial estuvo implicada de algún modo en el robo del teléfono móvil, al admitir sendos recursos de la ex asesora y de su otrora jefe, el ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos Pablo Iglesias.
"Esta parte entiende manifiestamente improcedente continuar con la deducción de testimonios contra las víctimas por presuntos delitos que, no sólo acontece que no han cometido --dado que a la vista está que todos los indicios de criminalidad señalan a los acusados--, sino que resulta aún más evidente que no concurre en modo alguno el requisito de procedibilidad (...) al haberse acordado la reanudación de la presente instrucción", sostiene.
LA PETICIÓN DEL JUEZ
García Castellón considera que debe investigarse si Bousselham cometió un presunto delito de falso testimonio por las distintas versiones que ofreció al instructor sobre en qué estado le había llegado la mini SD cuando Iglesias se la devolvió, varios meses después de que él la consiguiera de manos de periodistas.
El juez adoptó esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que indicó que aunque "se evidencian vaguedades y contradicciones" en las versiones de Bousselham y Sa Ferreira "no cabe considerar que con ello se haya alterado de ningún modo el resultado" de la investigación.
Además del ya mencionado escrito, Bousselham presentó el pasado viernes un recurso de apelación tratando de revocar la decisión del magistrado. En el mismo, su representación asegura que la exasesora 'morada' "está siendo claramente revictimizada, obteniendo una respuesta del sistema totalmente contraria a su protección".
Y esto es así, indican, porque se ha visto "por un lado afectada por los delitos investigados por el instructor contra los encausados y al mismo tiempo afectada por las decisiones del instructor" y que, añaden, "vulneran su imagen y su prestigio". "Concretamente en este caso con el acuerdo de deducir de testimonios desde el juzgado instructor, por hechos futuros que aún no ha cometido y que presuntamente serían constitutivos de delito", critica.
"CONTRARIO AL ESTADO DE DERECHO"
En el mismo, la letrada recuerda que la propia Fiscalía es contraria a la petición del juez, "pues, además de que no se ha visto alterado el curso de la instrucción, no se estima procedente proceder por un delito de falso testimonio contra los citados testigos, ya que ambos testigos previsiblemente declararán en el juicio oral sobre los mismos hechos".
Su letrada entiende que este movimiento por parte del magistrado "es contrario no solo al ordenamiento jurídico sino al Estado de Derecho y a la buena marcha de las instituciones e inclusive a la imagen de los ciudadanos sobre la Justicia afectando al principio de imparcialidad e igualdad".
A su juicio, todo esto no ocurriría "si Dina no fuera la exasesora del exvicepresidente del Gobierno". "No se vería sometida a la deducción de testimonios por delitos inexistentes sin acervo indiciario alguno y sin elementos periféricos que puedan corroborar nada", reprocha su defensa.
"PRESIÓN" DE CARA AL JUICIO
En esta línea, la representación de Bousselham entiende que esta nueva derivada "solo sirve para alimentar a los medios de comunicación sin que los testimonios deducidos tengan probabilidad de prosperar, a la vista de que no se cumplen los requisitos legales para la persecución de los delitos y/o no hay ni tan siquiera indicios probatorios".
"Cuando ni tan siquiera se ha celebrado el juicio donde habría de cometerse el presunto delito, el instructor imaginando un hecho futurible (el contenido de las declaraciones en juicio que prestarán mi representada y su exmarido) deduce testimonio contra la víctima y uno de los testigos, lo que claramente vulnera el Estatuto de la Víctima", continúa el recurso.
Así las cosas, su letrada critica que el juez someta a Bousselham "y a su exmarido a una presión que puede desestabilizar su estado anímico de cara al juicio viéndose de nuevo expuesta en los medios de comunicación con una resolución que "pulveriza los derechos de la víctima y vacía totalmente de contenido los derechos que como perjudicada le asisten".
