La Diputación de Barcelona no descarta llevar al Constitucional la reforma local del Gobierno

BARCELONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, ha dicho este jueves que la corporación no descarta recurrir la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local porque no se ajusta a la Constitución ni al Estatuto catalán, basándose en un dictamen jurídico que ha encargado al abogado y ponente constitucional Miquel Roca.

Ha explicado en rueda de prensa que el punto de fricción es que el anteproyecto de ley --que se prevé aprobar en el Consejo de Ministros del 19 de julio-- configura a las diputaciones provinciales como prestadoras de servicios municipales cuando los ayuntamientos no cumplen un coste estándar del servicio o es ineficiente.

Esteve (CiU) ha precisado que debe agotarse la vía política para introducir enmiendas a la ley, pero considera que basándose en el dictamen de Roca y otros como el del Consejo de Estado les daría pie a acudir al Tribunal Constitucional si no se modifica la reforma "de forma razonable".

La Diputación barcelonesa pretende que explicite claramente que el criterio del coste estándar no es de aplicación en Cataluña, ha subrayado su coordinador general, Xavier Forcadell, el cual ha criticado la "voluntad recentralizadora y uniformadora una vez más del Estado".

Esteve ha defendido que "vaciar de competencias y servicios a los ayuntamientos implica un recorte de la calidad del sistema democrático inaceptable", y ha agregado que la reforma, que promueve el Gobierno central del PP, es un ataque frontal a la autonomía de los gobiernos locales.

El también alcalde de Martorell ha defendido que el contexto político no puede ser la excusa que lo avale todo, y ha agregado que es injusto cargar al mundo local todos los males del mundo cuando ha hecho su trabajo: "Si fulminamos la autonomía local, haremos mucho daño al país".

Ha reivindicado que la corporación barcelonesa entiende su relación con los ayuntamientos en base a que son ellos los que piden apoyo económico o técnico, no como imposición de la Diputación, la cual en los dos años de mandato ha aportado 510 millones de euros a los municipios.

Cree que los municipios necesitan soluciones diferenciadas en función de su tamaño, y Forcadell ha avisado de que la reforma "rezuma una voluntad privatizadora de muchos servicios públicos", no consideran que con ella se ahorre y ha subrayado que los trabajadores de las diputaciones no están preparados para las competencias que acabarían asumiendo.

Este mismo jueves Esteve empieza a tejer complicidades presentando el dictamen a los presidentes de las entidades municipalistas --Miquel Buch (CiU), de la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas (ACM), y Xavier Amor (PSC), de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC)--, y a la presidenta del Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la administración local de Cataluña, Maria Petra Sáiz.

ARGUMENTOS DE ROCA

Forcadell ha desgranado los argumentos del dictamen, del que, según él, se desprende "la dudosa constitucionalidad de muchos de los preceptos" de la reforma local y que lamina competencias de la Generalitat reflejadas en el Estatuto --obvia la sentencia del 2010 del Constitucional que lo recortó porque explícitamente no dijo que las exclusivas en materia local fuesen inconstitucionales--.

En cuanto a la inconstitucionalidad de la reforma, ha explicado que no se puede aceptar que se deje exclusivamente en manos del Gobierno central una fórmula para calcular el coste estándar del servicio que puede comportar que "unos ayuntamientos escogidos legítimamente por sus ciudadanos se vean privados de la prestación de un servicio".

Añade que no se respeta el hecho de que la comunidad autónoma es una de las principales implicadas en garantizar la autonomía local, y pese a que Catalunya ya es probablemente la comunidad que más ha legislado en materia local, la reforma es "especialmente invasionista" porque no deja margen para definir el autogobierno catalán, y es aquí donde vulnera el Estatuto.

Esteve ha recordado que la primera prioridad de los alcaldes para solucionar las dificultades del mundo local es la ley de finanzas, y trasladará el dictamen a la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), de la que forma parte y en la que los alcaldes del PP son mayoría, a los que ha reprochado actuar "por disciplina de partido" pese a rechazar la reforma.