MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
El que fuera director de Banca Minorista del Banco Popular, Antonio Pujol, y el director de Negocio de Clientes, José Ramón Alonso Lobo, han señalado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la resolución de la entidad en 2017 que desconocían que se ofreciera financiación a los clientes para que acudieran a la ampliación de capital.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Pujol, con el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, ha sido más inquisitivo, se ha mostrado taxativo negando ese extremo y, de hecho, ha explicado que él mismo acudió a la ampliación de 2.000 millones de euros de 2016 y que lo perdió todo.
Cabe recordar que en esta causa la Audiencia Nacional estudia por un lado las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.
Sobre esa ampliación ha pivotado el grueso de las declaraciones de este martes. Así, Pujol ha explicado al juez cómo era el cliente al que ofrecían la compra de acciones, y ha dicho que eran clientes con recursos, que tuvieran conocimiento y potencial económico para hacer frente al desembolso.
Durante el interrogatorio, comparecían en calidad de investigados, el juez les ha señalado que en el informe que redactaron los vicesecretarios de la entidad sí que aparecían sus nombres en relación a una campaña para la colocación de acciones, y les ha señalado que lo manifestado por ellos no era creíble, ante lo que se han mantenido en su postura y han vuelto a negarlo categóricamente.
EL TESTIGO DE LA CNMV, MANSO
En el día de hoy también ha declarado, pero como testigo, Eduardo Manso, quien era el director de Supervisión en la Comisión Nacional de del Mercado de Valores (CNMV). En su extensa comparecencia, Manso ha señalado que ellos no indagaron en la financiación de compra de valores porque no era su responsabilidad, y que no entraron en la oferta pública de venta (OPV) porque no era su área de actuación.
Asimismo, tras explicar como funcionan los hechos relevantes en la CNMV, ha señalado que en la CNMV se dieron reuniones previas a la nota informativa de 3 de abril de 2017 sobre la situación del Popular. Y ha indicado que decidieron no abrir inspección al principio porque entendieron que si había errores, estos eran contables y que eran subsanables.
Otras fuentes consultadas, han apuntado que Manso ha explicado que en los hechos relevantes se abre discusión sobre si había umbral de materialidad, y consideraban que el Popular estaba dentro del margen que no exigía reformular las cuentas.
Con todo, el 10 de abril, ha explicado, acabaron abriendo expediente sancionador, pero ha recordado que éste quedó suspendido al incoarse el procedimiento penal, ahora en curso. En cualquier caso, ha apuntado que a él no le correspondía abrir esa investigación, porque era tarea de otro departamento.
SE VENDIÓ UNA IMAGEN DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y PATRIMONIAL
Según la instrucción de la causa, en ese periodo 2016-2017, el que fuera presidente de la entidad financiera Ángel Ron, investigado en esta caso, defendió la situación "inmejorable" del banco y vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial. Sin embargo, los beneficios se convirtieron en pérdidas y los dividendos nunca llegaron.
El Banco Santander --cuya presidenta Ana Patricia Botín declaró como testigo-- fue la entidad que compró el Popular por un euro después de la resolución del banco. Para entonces, ya estaba al frente del banco extinto Emilio Saracho -también investigado--, y tras esa resolución comenzaron a presentarse denuncias por presuntas irregularidades contables que han acabado en la Audiencia Nacional.
En esta causa también han declarado como testigos el exministro de Economía Luis de Guindos; el que fuera presidente de Banco Santander España Rodrigo Echenique; la expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Elvira Rodríguez; el exgobernador del Banco de España Luis María Linde; así como directivos del Popular en la época en la que se produjo la resolución.
Esta semana de declaraciones coincide en el tiempo con el informe del fiscal que solicita al magistrado una prórroga de las instrucción de seis meses. Según fuentes consultadas, esto permitiría añadir a la causa informes que aun están pendientes como los de Banco Central Europeo, del Banco de España y del Santander.
