MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos (PREDIF), la Asociación de Caballeros Inválidos y Mutilados Militares de España (ACIME) y el Sindicato Independiente de Correos y Telégrafos (SIPcte) denunciaron hoy el recorte del 25 por ciento en las pensiones por incapacidad permanente a funcionarios con menos de 20 años de servicio, contemplado en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, y no descartaron convocar movilizaciones en el caso de que esta modificación de la Ley de Régimen de Clases Pasivas no sea suprimida de las cuentas del Estado.
En rueda de prensa en la sede de ACIME en Madrid, el presidente de este colectivo que agrupa a militares y guardias civiles incapacitados por un acto de servicio, un atentado terrorista o en otras circunstancias, Antonio Núñez Garcinuño, aseguró que el "descuento" en las pensiones por incapacidad permanente "va en contra" de las medidas de protección a discapacitados y de la propia Ley de Clases Pasivas, al tiempo que censuró que los presupuestos también modifiquen el régimen de incompatibilidad de estas ayudas económicas con el trabajo en el sector privado.
Tras advertir de que esta reforma legal se aplicará el próximo año a los militares que pudieran resultar incapacitados en misiones de paz en el exterior, afirmó que el Gobierno ha realizado esta reducción de las pensiones "de forma no muy legal" al haber incluido la modificación de la Ley de Clases Pasivas por medio de varias disposiciones adicionales del proyecto de los presupuestos y recalcó que debería haber sido abordada en el marco del Pacto de Toledo.
En su opinión, el "descuento" en las asignaciones económicas para incapacitados "va en contra" de la Ley de Clases Pasivas y puede alcanzar hasta un 45 por ciento de la cuantía a percibir en los casos en que el funcionario no respete el régimen de compatibilidad, que también ha sido modificado por los presupuestos de 2009.
Explicó además que, desde que conoció el recorte de pensiones, que algunas asociaciones han bautizado como "el pensionazo", ACIME se ha dirigido por carta en varias ocasiones al Ministerio de Defensa para pedir explicaciones y que le aporten datos de todo el personal civil y militar afectado por esta bajada, sin encontrar respuesta.
El presidente de ACIME criticó la actitud del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas por elogiar a los militares cuando sufren una tragedia como un atentado o un accidente y luego "se olvidan de ellos" cuando han quedado incapacitados para continuar en su trabajo y tienen derecho a que la Administración les apoye en su rehabilitación.
Tanto el responsable de ACIME como los dirigentes de PREDIF y SIPcte coincidieron al señalar que no descartan realizar movilizaciones si esta reducción de las pensiones no se suprime y explicaron que están manteniendo contactos con los grupos parlamentarios para que su "lucha" contra la bajada de pensiones se solucione en el trámite en las Cortes de los PGE.
El presidente de Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos (PREDIF), Antonio García Oca, afirmó que la bajada de sus pensiones es "muy grave" y que "va en contra de todo lo que significan los derechos de los discapacitados".
A su juicio, la bajada se traducirá en una "disminución" de los "derechos adquiridos" porque además de suponer una reducción de la cuantía económica a percibir va acompañada de una reforma del régimen de incompatibilidad que impedirá que puedan trabajar en el sector privado, renunciando así a la seguridad social y al descuento que ese sistema les permite en la adquisición de medicinas.
Por su parte, el secretario de Salud Laboral del Sindicato Independiente de Correos y Telégrafos (SIPcte), Antonio García Pecharromán, indicó que este recorte de las pensiones supone una "disminución histórica" y demuestra que el Gobierno, en contra de lo que proclama, "está acometiendo un recorte en las prestaciones sociales".
En este sentido, advirtió de la negativa repercusión que tiene esta reducción de las pensiones por incapacidad en el colectivo de funcionarios de Correos, que ya han visto reducido su poder adquisitivo en los últimos quince años "un 25,6 por ciento" y que, con la nueva reducción, podrían perder a partir del próximo año hasta un 50 por ciento de sus retribuciones económicas.