Denuncia que la Audiencia Nacional ha "comprometido" a las instituciones y pide al Ministerio del Interior que no favorezca a los presos de ETA
MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
Dignidad y Justicia (DyJ) ha denunciado que el consentimiento concedido por Instituciones Penitenciarias a los presos de ETA para fotografiarse con sus familiares dentro de las cárceles "humilla" a las víctimas de terrorismo y ha exigido al Ministerio del Interior que no favorezca a los etarras si se ve en la "obligación" de cumplir este permiso en su día autorizado por la Audiencia Nacional en un caso particular.
La asociación, presidida por Daniel Portero, ha tenido conocimiento de que Instituciones Penitenciarias ha permitido a varios presos de la banda terrorista ETA fotografiarse junto a sus familiares dentro de prisión en virtud de un auto dictado por la Audiencia Nacional el 18 de diciembre de 2013, autorizando la entrada de una cámara desechable en las salas donde los reclusos se reúnen con sus allegados.
"Una vez más la Audiencia Nacional con sus sentencias y autos 'ad hoc' para favorecer a los presos de ETA, humilla a las víctimas del terrorismo, compromete a las instituciones y pone en duda nuestro Estado de Derecho", ha destacado.
Por ello, Dignidad y Justicia ha pedido al Ministerio del Interior que, si no cabe recurso contra ese auto y se encuentra en la "obligación imperiosa" de cumplirlo, que "lo haga de la manera más ortodoxa posible sin ningún tipo de concesión, ni privilegio".
En este sentido, ha lamentado que "la cuerda se rompa, una vez más, del lado de quienes han sufrido el terrorismo" y que "las instituciones del Estado amparen este tipo de conductas tan irrespetuosas" con las víctimas.
Finalmente, ha asegurado que la asociación seguirá trabajando para que ningún acto de enaltecimiento del terrorismo quede impune "se realice donde se realice y se publique donde se publique", incluyendo cárceles o redes sociales.
CSIF ha detectado un incremento de las solicitudes de familiares de presos de ETA que cumplen condena en las cárceles de Huelva, Monterroso (Lugo), Puerto de Santamaría (Cádiz) o Badajoz para introducir cámaras en los centros e inmortalizar los momentos que pasan junto a sus allegados, peticiones que se están autorizando en virtud de dicho auto de la Audiencia Nacional, según informaron a Europa Press fuentes sindicales.
