Economía/Legal.- Caja Madrid Bolsa y 'la Caixa' piden al Supremo que les exima de pagar los 87,9 millones de Gescartera

Actualizado: lunes, 28 septiembre 2009 19:53

La entidad catalana fija en 7,1 millones de euros su posible condena, mientras que la madrileña no determina una cifra

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los abogados de Caja Madrid Bolsa y 'la Caixa' solicitaron hoy al Tribunal Supremo que les exima de pagar los 87,9 millones de euros del 'agujero' patrimonial de Gescartera, durante la exposición de sus recursos de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 27 de marzo de 2008, que las consideró responsables civiles subsidiarios del desvío.

Los letrados de ambas entidades alegaron que la sentencia vulneró los principios que rigen la responsabilidad civil del proceso penal, al condenar a ambas a pagar la cantidad total del dinero defraudado por Gescartera desde su creación en 1999 hasta su intervención el 14 de junio de 2001.

La sentencia de la Audiencia Nacional no determinó las cantidades a pagar por cada una de ellas, ya que será el Alto Tribunal quien las fije en la ejecución de la sentencia de resolución de los recursos. Los abogados piden al Supremo la absolución o la limitación de dichas cantidades.

"La sentencia hace una barroca construcción de la responsabilidad civil", afirmó el letrado de Caja Madrid Bolsa, Carlos Aguilar, quien consideró que la sentencia condena a la firma de intermediación bursátil a pagar "lo que ha pasado por sus cuentas y a lo que no ha pasado también".

Al respecto, el abogado de 'la Caixa', Nicolás González-Cuéllar, pidió que "la sentencia determine las cantidades que cada una provocó para que hubiera apropiación indebida". El letrado rechazó la responsabilidad de la entidad en la comisión de este delito pero cifró en 7,1 millones de euros el dinero que pasó por las cuentas de la entidad y que "no apareció". Durante el juicio, el fiscal cifró la responsabilidad de la entidad en 26,7 millones de euros.

DEPÓSITO DE CUENTAS O SERVICIOS DE INVERSIÓN.

Caja Madrid Bolsa firmó en noviembre de 1999 un contrato con Gescartera para la subcustodia de valores sin exigir poderes específicos de los clientes para la gestión de sus fondos, mientras que 'la Caixa' depositó cuentas de Gescartera en su sucursal de Majadahonda (Madrid) de donde se sacaron numerosos cheques al portador con destino desconocido.

"No es lo mismo comercializar servicios financieros, que te obliga a aplicar una normativa específica, que actuar como entidad financiera, que se encuentra bajo las normas del Banco de España", distinguió el letrado de 'la Caixa'.

El abogado de Caja Madrid Bolsa alegó que "no existe ninguna prueba de que la entidad dispusiera de fondos de Gescartera" y que cuando comenzó a trabajar con la agencia de valores propiedad de Antonio Camacho ya había un desfase patrimonial de 25,8 millones de euros. La sentencia "omite que se realizaron operaciones de renta fija, que no actúan en ningún momento en el mercado de renta variable", argumentó.

Por su parte, el letrado de 'la Caixa' explicó que la entidad "cumplió toda la normativa", tal y como "acordaron" los peritos del Banco de España y la Agencia Tributaria, que elaboraron los informes en los que se apoya la sentencia.

González-Cuéllar matizó que la responsabilidad civil subsidiaria de 'la Caixa' está limitada por la condena a tres años de prisión impuesta a los empleados de la sucursal de Majadahonda (Madrid) José Alfonso Castro Mayoral y Miguel Carlos Prats, por haber elaborado varios certificados falsos con los que Camacho trató de justificar las irregularidades de Gescartera ante la CNMV.

Por su parte, las defensas de Castro y Prats pidieron la absolución de sus clientes al considerar que no existió un pacto con los directivos de Gescartera para tratar de engañar al organismo regulador y que fueron precisamente los certificados de 'la Caixa' los que provocaron la intervención de la agencia de valores.

La intervención de Gescartera por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tuvo lugar en junio de 2001, ante sospechas de malas prácticas y ausencia de información real sobre su situación.