MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain) ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo para que aclare por qué absolvió a 'la Caixa' de la responsabilidad civil subsidiaria a pesar de que ésta "jugó un papel importante" en el desvío de parte de los 88,9 millones de euros de la agencia de valores, según confirmaron sus representantes legales a Europa Press.
El Fogain, que aportó 25,8 millones de euros con un tope legal de 20.000 euros por afectado, considera que la sentencia del Alto Tribunal omitió pronunciarse sobre la culpabilidad de la entidad catalana por colaborar en el desvío a través de su estructura, según el delito tipificado en el artículo 120.4 del Código Penal.
La sentencia del Supremo, dictada el pasado 13 de octubre, que revisó el fallo de 25 de marzo de 2008 de la Audiencia Nacional, eximió a 'la Caixa' de pagar parte del 'agujero' al vincular la declaración de su responsabilidad civil subsidiaria con la absolución de dos de sus empleados como colaboradores necesarios en la apropiación indebida.
Por ello, tanto el Fogain como seis representantes legales de los afectados han presentado sus respectivos escritos de aclaración al respecto, que el Supremo no tiene un plazo fijo para resolver.
El Alto Tribunal confirmó la responsabilidad civil subsidiaria de Caja Madrid Bolsa, pero la limitó a los 19 meses en los que operó con Gescartera. La cantidad que se fije en ejecución de la sentencia irá destinada a los 650 clientes pendientes de cobro.
Por su parte, los abogados del Fogain se mostraron conformes con la absolución del Supremo al director de la sucursal de 'la Caixa' de Majadahonda, José Alfonso Castro Mayoral, y a su subdirector, Miguel Carlos Prats, que fueron condenados a tres años de cárcel por emitir dos certificados falsos con los que los responsables de Gescartera trataron de engañar a la CNMV en 1999 para evitar las inspecciones, según lo estipulado en el artículo 120.4 del CP.
Durante la celebración del juicio oral, el abogado del Fogain, Álvaro Lobato, delimitó el perjuicio causado a los clientes de Gescartera entre 87,14 y 69,71 millones de euros, según las conclusiones aportados por los peritos de la Agencia Tributaria y del Banco de España.
El Supremo confirmó la pena de 11 años de cárcel impuesta al propietario de Gescartera, Antonio Camacho, por delitos de apropiación indebida y falsedad documental, así como las de sus tres principales colaboradores, José María Ruiz de la Serna -11 años-, Francisco Javier Sierra de la Flor -10 años- y Pilar Giménez Reyna -3 años-. El fallo absolvió a otras tres personas.
El organismo supervisor (CNMV) intervino Gescartera el 14 de junio de 2001, tras varias inspecciones, ante sospechas de malas prácticas y ausencia de información real sobre su situación. El escándalo alcanzó al entonces secretario de Estado de Hacienda bajo el Gobierno del Partido Popular y hermano de la presidenta de Gescartera, Enrique Giménez Reyna, así como a la entonces presidenta de la CNMV, Pilar Valiente.
