El edil de Urbanismo de Alhaurín el Grande volvió a pedir 121.000 euros por una licencia el día de su arresto

MÁLAGA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande (Málaga), Gregorio Guerra, mantuvo el mismo día de su detención por su presunta implicación en el caso 'Troya', contra la presunta corrupción en dicho municipio, una reunión con un empresario que ya había denunciado los hechos, en la que se trató de nuevo el pago de 121.000 euros en relación a la modificación de una licencia de obras.

Este encuentro se produjo a primeras horas de la mañana en el despacho del edil en el Ayuntamiento y en él éste asegura que, en el caso de dicha licencia, algunos informes negativos "ha habido que hacerlos positivos". Además, cuando el interlocutor le expone las dudas de su socio respecto al pago y a la forma de realizarlo, el imputado responde que "le vamos a revisar la licencia y ya está".

El Juzgado de Instrucción número 2 de Coín (Málaga) autorizó la grabación de dicha entrevista, pues ya investigaba en ese momento el caso, en el que están imputadas 24 personas, entre ellas el concejal y el alcalde, Juan Martín Serón, por cohecho y prevaricación. Además, según la parte del sumario no declarada secreta, la detención de ambos responsables públicos se ordenó el mismo día en que se produjo.

La Policía señalaba ya al principio de la investigación, en uno de los documentos incluidos en las actuaciones desarrolladas hasta ahora a los que tuvo acceso Europa Press, que Guerra tenía "un papel fundamental, excediendo más allá de las competencias propias de su cargo en lo relativo a negociaciones municipales, tanto concesiones de licencias, como negociación de convenios urbanísticos".

Se añade que éste es "mano derecha del alcalde, realizando todas las gestiones que éste le encomienda, aún al margen de sus competencias urbanísticas". De hecho, para los investigadores, existe una situación "generalizada, extendida y prolongada en el tiempo de evidente corrupción vinculada al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande", en la que ambos llegaron a fijar una "tasa de soborno".

La Policía entiende que, aunque las supuestas negociaciones habrían sido realizadas por el concejal, "el máximo responsable de la Corporación local, es decir, su alcalde, no puede sustraerse al conocimiento y aquiescencia en este tipo de negocios", y añade que sobre todo "si tenemos en cuenta que ha habido que retocar informes negativos".

El origen de la investigación judicial fue la denuncia presentada en noviembre de 2006 por ese empresario, que figura en la causa como testigo, quien dijo que el edil le había requerido el pago de unos 120.000 euros por la licencia sobre un proyecto de ampliación de edificabilidad --de cinco viviendas a 14--; algo que el imputado siguió solicitando "reiteradamente" tanto por teléfono como en entrevistas personales.

En algunas de esas conversaciones, producidas durante noviembre y diciembre del mismo año, Guerra insiste al denunciante "en el pago de la cantidad reseñada y que el mismo se debía satisfacer mediante un pago en efectivo a una empresa, extendiéndole ésta un recibí y no una factura", según las conclusiones extraídas por los investigadores a raíz de las transcripciones de las conversaciones intervenidas.

En este punto, la Policía encuentra una conexión "entre la mercantil receptora del dinero y el Consistorio", constituido por la esposa del regidor y su asesoría, puesto que las investigaciones revelan que los pagos se articularían a través de la empresa Conextran, que recibe asesoramiento fiscal de la gestoría de la mujer del alcalde y cuyo administrador único, también imputado, está casado con una empleada de dicha asesoría.