Los ediles baleares que se separen de su partido serán asignados al Grupo de no adscritos y los expulsados al Mixto

PALMA DE MALLORCA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El anteproyecto de la nueva Ley Municipal y de Régimen Local de Balears distingue entre concejales tránsfugas y expulsados y prevé que los primeros pasen al Grupo de no adscritos, mientras que los segundos serán asignados al mixto, medidas que el Govern justifica en la jurisprudencia emitida en los últimos años y en la "casuística del día a día".

Así lo manifestó hoy el conseller de Interior, José María Rodríguez, quien aseguró que el concejal de Unió Mallorquina Joan Thomàs, quien protagonizó en 2005 el llamado 'Caso Calvià' al abandonar la disciplina de voto de su partido para alinearse con el PP -en la alcaldía-, hubiese pasado automáticamente al Grupo de no adscritos según la nueva ley.

El responsable de Interior del Govern presentó hoy el anteproyecto de la nueva Ley Municipal y de Régimen Local, tras remitirlo simultáneamente a todos los ayuntamientos de las islas, Consells Insulares, AMIB y FELIB, así como a las Mancomunidades, que podrán realizar aportaciones antes de que, a finales de febrero, sea aprobado por el Consell de Govern.

Entre las principales novedades de la normativa, figura una que fue calificada por Rodríguez de "novedad absoluta" en el régimen local, ya que permitirá que los alcaldes de aquellos municipios que se determinen "por su condición de número de habitantes y recursos disponibles" -entre otros condicionantes-, podrán percibir una remuneración del Govern Balear.

Con esta medida se espera garantizar el trabajo y la dedicación del primer edil a su municipio, ya que será incompatible con cualquier otro empleo. Si bien, el conseller especificó que también podrá ser renunciable por parte de los beneficiarios.

Cuando entre en vigor, esta ley sustituirá a la antigua Ley de Bases de 1985, de la que se distingue por contemplar numerosas novedades en la infraestructura organizativa de los ayuntamientos y en la financiación municipal, según explicó el conseller de Interior, para quien, con el nuevo instrumento se "profundiza en el municipalismo".

Según destacó Rodríguez, el texto recoge en su articulado conceptos innovadores y propuestas de solución de problemas que presenta la aplicación del régimen local que "vienen derivados de la experiencia adquirida" desde 1985 y han tenido en cuenta las modificaciones posteriores que se realizaron sobre esa normativa.

Para el conseller de Interior, la Ley Municipal y de Régimen Local moderniza la organización de los municipios, potencia la participación ciudadana, define la estructura orgánica de las corporaciones, establece y profundiza en el marco normativo de los funcionarios de administración local y profundiza en la gestión y autonomía financiera de las haciendas locales.

MÁS PLENOS AL AÑO.

Entre las principales facilidades que aporta el anteproyecto respecto a la gestión municipal, destaca un aumento del número de plenos que se deben celebrar anualmente, la posibilidad de que se pueda designar a un regidor delegado al frente de un Departamento de Administración, así como que se pueda nombrar un gerente como órgano ejecutivo en los municipios con más de 10.000 habitantes, la descentralización de la gestión mediante la creación de distritos y delegaciones territoriales.

Además, la nueva ley prevé ampliar las posibilidades de cooperación municipal y detalla los mecanismos de asociación de los consistorios con otras instituciones y también con las sociedades privadas, introduciendo la novedad de que los ayuntamientos podrán colaborar con entidades sin ánimo de lucro a través de consorcios.

José María Rodríguez aclaró que el objetivo que con estas disposiciones se prevé garantizar la prestación de servicios adecuados a todos los ciudadanos, independientemente de que tengan fijada su residencia o no en el núcleo poblacional donde radique la capital del municipio.

Concretamente, el conseller manifestó que "todos los vecinos de un municipio con diversos núcleos tradicionales de población tienen derecho a recibir y contar con los mismos servicios" y, a este respecto, citó algunos ejemplos, como la localidad de Palmanyola respecto a la de Bunyola, la de Caimari respecto a Selva, la de Fornells respecto a Mercadal y la de Sant Jordi de Ses Salines respecto a Sant Josep de s'Atalaia, entre otras.

A fin de acercar la gestión municipal al ciudadano, el anteproyecto se prevé crear el Consejo Social Municipal como órgano consultivo en los ayuntamientos con más de 5.000 habitantes, en el que los vecinos y las entidades ciudadanas tendrán representación, así como que en todos los municipios el alcalde podrá crear comisiones especiales de sugerencias y reclamaciones.

En este apartado, el anteproyecto incluye como novedad la creación de la llamada Carta de Servicios, en la que se definirán los derechos de los vecinos y las obligaciones del municipo y que es complementaria de otra disposición que prevé un Estatuto que regulará los derechos y deberes de los miembros de las corporaciones.