MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) ha denunciado "enérgicamente la espiral de recortes en las libertades de expresión e información que el Gobierno intenta aplicar reiteradamente a los periódicos en los últimos meses" y se han mostrado especialmente críticos con el proyecto de Ley de Igualdad de Trato, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros.
Sobre este proyecto, los editores consideran que "el texto no atiende ninguna de las alegaciones que los editores hicieron llegar en marzo pasado tanto al vicepresidente del Gobierno como a los ministros de Presidencia y de Sanidad, y que remitieron también al Consejo de Estado".
Concretamente, los editores alegaron ante el Consejo de Estado que el texto redactado por el Ejecutivo "pretende realizar una concepción expansiva del derecho de igualdad que entra en conflicto con la libertad individual de los ciudadanos" y "adolece de una falta de concreción de las conductas consideradas discriminatorias y que pueden sancionarse con multas de elevada cuantía", según se recoge en el dictamen de esta institución al que ha tenido acceso Europa Press.
La parte del proyecto de ley que ha despertado las críticas de los editores es el artículo 22, que establece que todos los medios de comunicación respetarán el derecho a la igualdad de trato, evitando toda forma de discriminación en el tratamiento de la información, en sus contenidos y su programación.
AEDE considera que este artículo vulnera la jurisprudencia constitucional sobre las libertades de expresión, información, ideológica y religiosa y sobre el derecho de asociación, entra en conflicto con la libertad individual y "contraviene la libertad del autor a la hora de presentar hechos objetivos bajo el prisma del interés para el lector".
Además, los editores subrayan que el propio Consejo General del Poder Judicial ha destacado la falta de concreción en el proyecto de ley a la hora de definir las conductas sancionadas por discriminatorias, lo que dificulta su efectiva aplicación, y tendría como resultado el "contrasentido jurídico" de que el predominio de la igualdad limitaría los demás derechos fundamentales que reconoce la Constitución.
Por otra parte, estiman que la discriminación ilícita, que es la que debería perseguirse en una ley de este tipo, está circunscrita por la Constitución a ámbitos muy definidos, y sus límites deberían orientarse "hacia la actuación de los poderes públicos, ya que el objetivo es, precisamente, lograr que no se menoscaben las libertades fundamentales de las personas y el ejercicio de sus derechos fundamentales".
AEDE ha señalado también que el actual proyecto de ley modifica "indebidamente" el peso de la carga de la prueba, favorece las actuaciones de excepcionalidad ante la restricción o interrupción de prestación de servicios o la retirada de datos de páginas de internet, y recurre a la vía sancionadora con multas muy onerosas, de procedimientos inciertos y no convenientemente tipificadas.
Por ello, los editores "censuran la propensión del Gobierno a aplicar discriminaciones y recortes administrativos a los contenidos de los periódicos, amparados por derechos fundamentales tan esenciales como la libertad de expresión y de información, y cuyo adecuado uso ya está suficientemente tipificado y protegido por la legislación nacional e internacional sobre libertad de expresión".
Por su parte, el Consejo de Estado en su dictamen recomienda que se incluya en el proyecto que "la obligación de igualdad de trato en los medios de comunicación social debe entenderse sin perjuicio del derecho de información".
