MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las defensas de los acusados en el 'macrojuicio' que se sigue en la Audiencia Nacional contra el presunto entramado político, social y económico de ETA solicitó hoy al tribunal la libre absolución de los 52 procesados, al entender que no hay delito alguno en su conducta ni responsabilidades civiles derivadas de su actuación. Los abogados José María Elosua y Jone Goirizelaia, ex parlamentaria de la ilegalizada Batasuna, que hablaron en nombre del resto de letrados, mostraron su disconformidad con los escritos de acusación tanto del fiscal Enrique Molina como de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).
El fiscal rebajó el pasado martes a casi la mitad las penas que solicitaba para todos los acusados, pidiendo ahora entre 4 y 19 años de prisión cuando antes exigía entre 10 y 51 años de cárcel. Además, Molina retiró la acusación que pesaba sobre el abogado Pepe Uruñuela, para quien se pedían 12 años de cárcel. Por su parte, la AVT mantuvo su petición de penas entre 9 y 51 años y planteó como alternativa la petición fiscal.
En la sesión de hoy, los letrados criticaron la falta de pruebas que acrediten los hechos que se imputan a los procesados, la ausencia de datos que concreten los actos del delito de colaboración del que se acusa a la mayoría de ellos, así como la inconcreción de fechas que aparecen en sendos escritos de acusación.
Las defensas ya solicitaron a mediados de diciembre la nulidad de lo actuado y pidieron al fiscal Molina que retirase la acusación, aplicando los mismos criterios que en el caso del diario 'Egunkaria'. El fiscal Miguel Ángel Carballo solicitó el archivo de la causa, al entender que no existen indicios suficientes que vinculen al diario "Euskaldunon Egunkaria" con ETA.
COSA JUZGADA Y PRESCRIPCIÓN.
Los letrados elevaron a definitivas sus conclusiones provisionales, aunque añadieron algunas puntualizaciones. Pese a que a partir del próximo día 19 las partes comenzarán a exponer sus respectivos informes, seis de los once abogados de los acusados que estuvieron presentes en la sesión quisieron matizar sus escritos de defensa.
Así, Elosua expuso la existencia de cosa juzgada respecto al miembro de AEK Iker Beristain, puesto que en diciembre de 2005 fue condenado a 8 años de prisión por un delito de colaboración en banda armada. Por ello, entiende que este tipo penal es "incompatible" con el delito de integración del que se le acusa a ahora.
Goirizelaia también sostuvo que el delito de insolvencia punible que se imputa a nueve de los procesados, entre ellos al responsable de KAS Xabier Alegría y al ex miembro de la Mesa Nacional de HB José Luis Elkoro, ha prescrito al transcurrir más de cinco años desde su comisión. Se les acusa de este delito económico en relación con la compra de Ardatxa en 1993 de Orain, ambas editoras del diario 'Egin'.
"INVENTO DE CARÁCTER POLICIAL".
Por otro lado, Goirizelaia sostuvo que no ha quedada acreditada la existencia del denominado "Proyecto Udaletxe", que según el fiscal supuso la búsqueda de mecanismos de autofinanciación por parte de las asociaciones el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), como AEK, HB y Gestoras pro Amnistía, entre otras.
A su juicio, el "Proyecto Udaletxe" constituye "un invento de carácter policial", puesto que "no hay datos de su constitución ni de sus integrantes ni de los supuestos acuerdos que se alcanzaron" en el mismo. Añadió que "no hay documentos en la causa que demuestren su existencia ni tampoco informes policiales que los ratifiquen".
La abogada insistió en que tampoco ha quedado acreditado la existencia de empresas coordinadas entre sí que dependiesen de KAS (Koordinadora Abertzale Sozialista). Se refirió así a la sociedad Gadusmar, de la que aseguró que "nunca estuvo de forma directa o indirecta su vinculación" con la organización terrorista. "Nunca dependió de KAS y nunca hubo transferencias económicas a KAS o a alguien ajeno a la empresa", aseveró.
También sostuvo que la agencia de viajes Itzas Izarra "nunca estuvo al servicio" de la banda terrorista y criticó la "total ausencia de rigor" en la investigación respecto a esta empresa. Agregó que "no se ha acreditado que sus beneficios fuesen trasladados a ETA".
En cuanto a la Fundación Joxemi Zumalabe, que según el fiscal desarrolló un proyecto de 'desobediencia civil' por el uso de DNIs vascos, Elosua subrayó que los acusados en esta pieza no participaron en promover este movimiento popular y alegó que "todas las actividades que se realizaban en la Fundación se hacían con independencia de KAS, Ekin y ETA".
