Dice que "existen parámetros comunes" en las organizaciones del MLNV para camuflar su ilicitud con un "manto de cobertura legal"
MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
El fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina aseguró esta tarde durante el juicio que se sigue contra el supuesto entramado social, político y económico de ETA que "no es necesario pegar un tiro o poner una bomba para caracterizar a una organización criminal como terrorista" y subrayó que "todas las estructuras" que integran las organizaciones abertzales que se juzgan en esta causa "están contaminadas por un proyecto que se tilda de terrorista".
El pasado 6 de febrero, el fiscal rebajó a casi la mitad la petición de penas para 52 de los 53 acusados y retiró la acusación a uno de ellos, al miembro de la Fundación Joxemi Zumalabe José Ignacio Uruñuela para el que pedía 12 años de cárcel. En cuanto al resto, solicitó penas de entre 4 y 19 años de prisión, cuando antes exigía penas de entre 10 y 51 años.
En concreto, el fiscal rebajó de 51 a 13 años su solicitud de prisión para Xabier Alegría, considerado el enlace de ETA con las distintas organizaciones presentes en la causa. También rebajó la pena de 48 a 19 años de cárcel al ex miembro de la Mesa Nacional de HB José Luis Elkoro y al ex consejero de Orain Francisco Murga, quienes se enfrentan ahora a la mayor pena.
Durante su informe, el representante del Ministerio Público insistió en que "existen parámetros comunes" que acreditan la "existencia de una estrategia entre todas las organizaciones para camuflar su ilicitud bajo un manto de cobertura legal". No obstante, puso de relieve que lo que determina la ilegalidad de las mismas "no es su estructura, sino sus funciones y sus métodos".
También sostuvo al comienzo de su exposición que "ETA dispone de un grupo armado y de un aparato político integrado por organizaciones (del Movimiento de Liberación Nacional Vasco -MLNV-) que actúan en distintos niveles" dentro de la organización terrorista. "No todas comparten acciones delictivas o métodos violentos, lo que no significa que estén desvinculadas" de la banda terrorista, explicó.
TEORÍA DEL DESDOBLAMIENTO.
El fiscal subrayó que la banda terrorista asumió en 1974 públicamente en la llamada "teoría del desdoblamiento" su representatividad a través del "Frente Militar", pero mantenía el control de las instituciones político, culturales y obreras que se integraron en la Koordinadora Abertzale Socialista KAS.
"La teoría de la organización militar consistía en interrelacionar los frentes de masas con la lucha armada. Se trataba de que KAS permitiese la participación de varios sectores en la lucha armada", explicó.
Según Molina, "KAS se encargó de reivindicar desde dentro del nuevo sistema político, bajo la genérica denominación de Movimiento de Liberación Nacional Vasco, los mismos objetivos que ETA, constituyendo en la práctica un instrumento de ésta".
Explicó también que la banda terrorista fijó los principios básicos de su objetivo en el programa conocido desde 1976 como "Alternativa KAS" posteriormente denominado "Alternativa Democrática de Euskal Herria" para cuya difusión cobraron especial relevancia las estructuras de coordinación internacional de la organización, como Xaki.
Desde el punto de vista económico, Molina apuntó que ETA encargó a KAS la elaboración de un proyecto de financiación para cubrir gastos de los miembros "liberados" de la banda. Se desarrolló así el entonces el "Proyecto Udaletxe", que utilizó empresas "legales" del MLNV (AEK, HB y Gestoras pro Amnistía, además de agencias de viajes, aseguradoras, etc), según consta en la documentación intervenida tras la detención a la cúpula etarra en Bidart (Francia), el 29 de marzo de 1992.
El fiscal sostuvo, igualmente, que el sistema de financiación de ETA también lo componían "empresas menores", como Gadusmar o Ganeko, que servían además para "penetrar en los consejos de administración de otras mercantiles a través de personas afines al MLNV, entre las que estaba Orain y su diario 'Egin'.
EKIN Y XAKI.
Garzón ilegalizó el 20 de noviembre de 1998 las actividades de KAS, lo que propició la creación de su sucesora, Ekin, cuya primera aparición se remonta al 23 de septiembre de 1999. Ekin asumió, según el fiscal, la aplicación de la estrategia "político-militar" de ETA mediante "métodos complementarios".
Ekin controlaba el colectivo de presos mediante Gestoras Pro Amnistía, desarrolló el "Frente de Makos" a través del abogado José María Matanzas, imputado en la causa, y controló las relaciones exteriores a través de Xaki. Del mismo modo, llevó a cabo el proyecto de "desobediencia civil" de ETA, dirigido al denominado "movimiento popular".
Sobre Xaki, Molina mantiene que fue utilizado para "deslegitimar internacionalmente el ordenamiento jurídico español" y para "difundir la cultura abertzale" y así "justificar la singularidad vasca", entre otros aspectos.
AVT Y DEFENSA.
Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) mantuvo el día 6 su petición de penas de entre 9 a 51 años de prisión para 52 de los acusados y propuso como alternativa la solicitud de penas del fiscal Enrique Molina. Al igual que la Fiscalía, retiró la acusación a Uruñuela.
Las defensas de los acusados solicitaron el pasado miércoles su libre absolución, al entender que no hay delito alguno en su conducta ni responsabilidades civiles derivadas de su actuación. Los abogados mostraron su disconformidad con los escritos de acusación tanto del fiscal Enrique Molina como de la AVT
