MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina sostuvo hoy en el macrojuicio contra el supuesto entorno de ETA que existen suficientes elementos probatorios que acreditan que existe "plena coincidencia" entre la Koordinadora Abertzale Socialista (KAS) y su sucesora Ekin como "columna vertebral" de las organizaciones que integran el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), que actúa bajo la dirección de la banda terrorista.
El representante del Ministerio Público continuó esta mañana con la exposición de su informe de conclusiones definitivas, en las que solicita penas que oscilan entre los 4 y los 19 años de prisión para los procesados en el sumario 18/98. Minutos antes de que comenzase la sesión, la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, se vio obligada a desalojar la sala por el alboroto que producían los acusados.
El macrojuicio contra el supuesto entramado social, financiero y político de ETA quedará visto para sentencia previsiblemente la próxima semana después de más de diecisiete meses en marcha. Antes tendrán que presentar sus informes de conclusiones la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), personada como acusación popular en la causa, y las defensas de los 52 procesados, que ejercen un total de once abogados.
En la sesión de hoy, el fiscal Molina subrayó que "cuando KAS desapareció en 1995 estaba estructurada como columna vertebral del MLNV" y añadió que "las labores de coordinación que KAS ejercía sobre Jarrai fueron sustituidas por Ekin". Agregó que todos los acusados de esta pieza, incluido el abogado José María Matanzas, para quien se pide 9 años de prisión, lo son por integración en organización terrorista.
La tesis del fiscal sostiene que la organización terrorista acordó crear en 1995 Ekin, que se constituyó legalmente en el registro correspondiente, cuando comprobó que la ilegal KAS no contaba con suficiente capacidad de acción desde la clandestinidad.
Sobre esta cuestión, Molina insistió ayer que "existen parámetros comunes" que acreditan la "existencia de una estrategia entre todas las organizaciones del MLNV para camuflar su ilicitud bajo un manto de cobertura legal" y apuntó que lo que determina la ilegalidad de las mismas "no es su estructura, sino sus funciones y sus métodos".
EDITORIAL ARDATZA.
Durante la sesión, el fiscal pormenorizó de forma individual las imputaciones que pesan sobre los acusados relacionados con la editorial Ardatza, después de que ayer hiciera lo mismo con los procesados vinculados a KAS, entre ellos Xabier Alegría, considerado el enlace de ETA con las organizaciones presentes en la causa y quien se enfrenta a 13 años de cárcel.
Los delitos económicos que se imputan a los encausados que tenían relación con Ardatza se refieren a las operaciones de transmisión patrimonial de Orain S.A., editora del diario clausurado 'Egin', a Ardatza y de ésta a la sociedad Erigane.
Entre ellos, el fiscal se refirió al ex parlamentario vasco José Antonio Echevarría, considerado como uno de los responsables de KAS, para quien pide 13 años de prisión por los delitos de integración, falseamiento de la contabilidad de los registros fiscales e insolvencia punible.
Según Molina, Echevarría participó como miembro del Consejo de Administración de Arzatza en la trasmisión patrimonial de Orain para ocultar los bienes de la editora con el fin de evitar hacer frente a la deuda que tenía la compañía con la Seguridad Social. También sostuvo que diversa documentación acredita su militancia en KAS.
También citó al ex parlamentario de EH Pablo Gorostiaga, quien se enfrenta a 11 años de cárcel por los delitos de colaboración con organización terrorista, falseamiento de la contabilidad de los registros fiscales e insolvencia punible. El fiscal sostuvo que formó parte del Consejo de Administración de Ardatza, por lo que también participó en la ocultación de bienes de Orain.
El ex concejal de HB en San Sebastián Carlos Trenor Dicenta, para quien se piden 11 años de cárcel, también intervino, según Molina, en dicha operación, aunque no se le acusa por el delito de falseamiento de la contabilidad de los registros fiscales porque abandonó la compañía en 1994.
Entre otros, el fiscal se refirió también a Manuel Inchauspe Vergara, para quien se pide una condena de 11 años de cárcel, y a María Teresa Mendiburu Zabarte, quien se enfrenta a una pena de 11 años de prisión. Al igual que los anteriores, según Molina, ambos intervinieron en la descapitalización de la editora Orain.