LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El administrador de la empresa Acinox SL, Fernando Verona Sanabria, que realizó obras de mejora en la sede del PP en Telde (Gran Canaria), ha negado ante el juez del 'Caso Faycán', Javier García, que la ex presidenta local de esta formación, María del Carmen Castellano, le planteara "que para el cobro por cualquier tipo de factura fuera conveniente algún trato de favor" para este partido.
Verona, que compareció hoy durante menos de una hora ante el magistrado, el fiscal anticorrupción de la provincia de Las Palmas, Luis del Río, y cuatro abogados, quedó imputado por tráfico de influencias y presunto cohecho.
El empresario admitió en su declaración que montó una barandilla y un pasamanos en la sede del PP que estaba situada en Arnao. Cuestionado por si lo hizo a instancia del ex asesor de Vías y Obras de Telde Francisco Gordillo para cobrar los atrasos que se le debían a su empresa aseguró que éste le "pidió un presupuesto para la barandilla" de la sede, que él se lo dio y que le pareció muy caro, a lo que Verona se limitó a decirle "ya veremos después si te hago un buen descuento".
Asimismo, recordó que en esa conversación también le dijo a Gordillo que el Ayuntamiento le debía pagos del año 2004 y 2005 y que a ver si el ex concejal de Hacienda Carmelo Oliva "hacía algo" por solucionarlo.
FACTURAS SIN COBRAR.
Explicó que tendría que revisar si recibió al menos 19 cantidades distintas por valor de 81.163 euros mediante el sistema de pago conocido como "confirming", así como confesó no recordar diez órdenes de pago abonadas por transferencia bancaria en enero de 2006 por un importe de 39.376 euros.
Manifestó que llevaba un año sin cobrar sus facturas y que "en absoluto" se sentía tratado con "favorecimiento" por parte del anterior gobierno local de PP y AFV-Ciuca para cobrarlas.
En relación a los trabajos que su empresa ejecutó en la oficina del PP, aseguró que "en ningún momento" habló sobre la barandilla con la ex dirigente de la formación en el municipio María del Carmen Castellano.
A preguntas de su abogado sobre cuál era el volumen anual de su empresa en el año 2006 aseguró que de un millón y medio a dos millones de euros, así como señaló que tiene un empleado de su confianza que lleva con él 27 años, que es el encargado de llevarle la facturación de su empresa.
Fernando Verona aclaró que cuando el pacto PP y AFV-Ciuca dejó de dirigir en el Consistorio todavía la institución local le seguía debiendo dinero y que todavía le deben la misma cuantía. Las facturas que estaban pendientes en el 2005 son las mismas que están pendientes ahora, resaltó.
Por último, dejó claro que el volumen de trabajo que tenía con Coalición Canaria, en el poder en el municipio antes de PP y AFV-Ciuca, era superior al que tuvo con el Partido Popular.
LOS OTROS DOS EMPRESARIOS.
El primero en prestar declaración fue el administrador de Preconte, José Gutiérrez Galindo, que a la imputación que tenía en un principio por presunto delito de tráfico de influencias, el juez le ha sumado un presunto delito de cohecho y de maquinación para alterar el precio de las cosas.
El nombre de esta empresa aparece en varias diligencias y conversaciones dentro del sumario del 'Caso Faycán', ya que el magistrado investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de obras a dicha empresa por parte del anterior pacto de PP y AFV-Ciuca que, además, cerró una polémica permuta con esta sociedad en el año 2005 para adquirir la sede de los servicios de recaudación municipal ubicado en San Juan.
El empresario del sector de la construcción Antonio Medina Guedes, que fue el segundo en declarar, compareció durante una hora aproximadamente ante el juez y quedó imputado por presunto tráfico de influencias y maquinación para alterar el precio de las cosas.
Medina fue interrogado acerca de su relación con Salvador Santana, marido de la ex concejala de Festejos del PP, Guadalupe López, según fuentes jurídicas.
DOCUMENTOS EN UN CARRITO DE LA COMPRA.
A primera hora de la mañana, los dos inspectores de Hacienda que colaboran con la investigación del caso salieron del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Telde hasta otras dependencias del edificio judicial para analizar una decena de cajas con numerosa documentación del Cuerpo Nacional de Policía que llevaban en un carrito de la compra.
Sobre las 10.30 horas llegaron al inmueble dos agentes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional para aportar dos archivadores más con información para los investigadores.
