EnComúPodem defiende crear una banca pública con el ICO, Bankia y Mare Nostrum

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato de EnComúPodem a las elecciones generales, Xavier Domènech, ha defendido crear una banca pública porque existen los "instrumentos financieros" para hacerlo, como el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las entidades financieras rescatadas Bankia y Banco Mare Nostrum.

En una rueda de prensa este miércoles en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, ha planteado que esta banca pública garantice el crédito al tejido productivo --y no al especulativo--, a las pymes, a los autónomos y las cooperativas, y a la economía social.

La banca pública es una de las "grandes líneas de aplicación inmediata" de la coalición --Podemos, ICV, EUiA, Equo, BComú--, junto con el rescate ciudadano: renta garantizada de 675 euros, garantizar los suministros a víctimas de la pobreza energética, y derecho a la vivienda.

INVERSIÓN CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO

Cree que la violencia de género debe ser una "cuestión de Estado", por lo que ha apostado por recuperar el 24% de la inversión recortada en este ámbito y aumentar el presupuesto.

También defiende revisar la ley de violencia de género para que las violencias machistas se tengan en cuenta en el conjunto de la sociedad, y además equiparar permisos de paternidad y maternidad.

POBREZA ENERGÉTICA

Domènech ha apostado por el principio de precaución que permita que, antes de cortar un suministro, se demuestre si se está en disposición de poder pagar: "Las empresas suministradoras vienen de privatizaciones, y es una responsabilidad social de la que no se pueden deshacer".

Sobre vivienda, suscribe las propuestas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH): la dación en pago con efectos retroactivos para que se cancele la deuda, la supresión del desahucio exprés, y crear un fondo de pisos sociales, además de promover una Ley de Garantía Social.

Otro eje es impulsar el trabajo de calidad y los salarios dignos con la derogación de las dos últimas reformas laborales que "no han generado empleo y sí precariedad"; aumentar el salario mínimo a 1.000 euros, y aplicar la misma ratio a la pensión mínima contributiva e introducir cláusulas de revisión salarial en función del IPC.