El Estado ha impugnado tres normas vascas y ha desistido de otros dos procesos ante TC durante la presente legislatura

BILBAO, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Estado ha planteado ante el Tribunal Constitucional, durante la actual legislatura, presidida por José Luis Rodríguez Zapatero, tres conflictos contra dos leyes vascas y un par de resoluciones del Ejecutivo de Vitoria. Por otro lado, en este mismo periodo, la Administración central ha llegado a acuerdos con la Comunidad Autónoma Vasca para la retirada de dos recursos constitucionales.

Según datos del Ministerio de Administraciones Públicas a los que tuvo acceso Europa Press, la primera de las normas vascas impugnadas fue la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, por considerar que vulnera la Ley Orgánica de Universidades en aspectos sobre cómputo de profesorado, evaluaciones, creación de títulos propios, universidades propias y contratación.

La segunda ley recurrida, la 1/2005, de 4 de febrero, para la Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo, fue llevada ante el Tribunal Constitucional porque, según el Estado, vulnera la competencia exclusiva estatal en materia de defensa.

El tercer asunto elevado al TC es el compuesto por dos resoluciones del director de Servicios del Departamento de Transportes y Obras Públicas (8301/05 y 8302/05), por las que se anunciaba concurso para la adjudicación del contrato de las obras de la plataforma de la nueva red ferroviaria vasca en Guipúzcoa (acceso a Irún y tramo Ordizia-Itsasondo). El Estado considera que estas dos resoluciones vulneran la competencia exclusiva estatal en materia de ferrocarriles que transcurran por más de una comunidad autónoma.

Por su parte, el Gobierno vasco no ha planteado ante el Constitucional, durante el mismo periodo (VIII legislatura), ningún recurso o conflicto de competencias frente a leyes o actuaciones del Estado.

ACUERDOS MADRID-VITORIA

En cuanto a los desistimientos, la Administración estatal los ha llevado a cabo en dos ocasiones respecto a Euskadi desde el inicio de legislatura. La primera vez fue el 28 de mayo del 2004 y la segunda el 1 de octubre de ese mismo año.

El primer desistimiento se refirió al proceso constitucional iniciado por el Estado contra el Decreto del País Vasco 237/2000, de 28 de noviembre, por el que se creaba una oficina pública vasca de elecciones sindicales, junto con un comité y un ente de inspección. La segunda vez que la Administración central desistió en su recurso contra la autonómica fue en el caso de la Ley del País Vasco 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho.

Los desistimientos se acuerdan en la correspondiente Comisión Bilateral pero, posteriormente, ambas partas deben llevarlos a sus Consejos de Gobierno; los letrados o la Abogacía del Estado deben presentarlos ante el Tribunal Constitucional para que éste los admita a trámite, dé audiencia a las partes y dé por finalizada la impugnación. Este proceso puede durar aproximadamente cinco meses.

SENTENCIAS

Durante el periodo analizado, el Constitucional se ha pronunciado en cuatro ocasiones sobre asuntos que afectaban a Euskadi, de las que sólo una fue favorable a los intereses vascos. En sentencia 235/05, la única que dio la razón a la Comunidad autónoma vasca, se falló que era conforme a Derecho el Decreto del Gobierno vasco 63/1998, de 31 de marzo, que recogía un acuerdo con los sindicatos para la modernización del servicio de Justicia y las condiciones laborales de sus trabajadores.

El 1 de febrero, en sentencia 31/06, los magistrados dieron la razón al Estado en su impugnación de la Ley del País Vasco 16/1997, de 7 de noviembre, que modificaba la ley de la Función Pública Vasca. Casi dos meses después, en la resolución 101/06 de 30 de marzo, de nuevo respaldó las tesis del Estado en su actuación contra la Ley del País Vasco 3/1998, de 27 de febrero, sobre protección del medio ambiente.

La última sentencia del Tribunal Constitucional que afecta a Euskadi hasta la fecha (222/06, de 6 de julio) vuelve a fallar a favor del Gobierno central, al reconocer la razón a su impugnación contra la Ley del País Vasco 10/1996, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado.