El Congreso prohíbe a los afectados llevar hoy el escrito individualmente por coincidir con el Debate de Estado de la Nación
MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -
La asociación Ausbanc Consumo y un colectivo de afectados por la presunta estafa filatélica acudió esta mañana al Congreso para entregar una carta de forma individual al presidente del Cámara, Manuel Marín, con la intención de que se cree una comisión que investigue la responsabilidad patrimonial del Estado, argumento que la organización lleva defendiendo desde el descubrimiento del fraude, y que se "indemnice" a los afectados.
El adjunto a la presidencia de Ausbanc, Ángel Garay, fue el único que pudo entrar hoy en el Congreso para entregar la carta a Marín, ya que, a pesar de haber confirmado el pasado martes "en comisaría y registro" que no habría problemas para que los afectados entregarán el texto individualmente, no ha podido ser así al haber coincidido este acto con el día del Debate de Estado de la Nación.
A pesar de este incidente, Garay dejó claro a los medios de comunicación y a los afectados que el escrito lo podrán entregar los días que no haya Pleno en el Congreso (lunes o viernes) o enviarla por correo o fax en otro momento.
De cualquier manera, animó a los afectados a ejercer el derecho de Petición recogido en el artículo 77 de la Constitución, y a demostrar que "no se trata de una acción individual sino del sentimiento de muchos", asumiendo que la presencia colectiva de hoy conforma un "acto simbólico".
Esta iniciativa pretende que desde la Cámara Baja se investigue "qué ha podido suceder en la Administración General del Estado para que no se haya desarrollado el mandato imperativo de la disposición adicional IV de la Ley de Sociedades de Inversión Colectiva del 2003, de que hubiera una ley que regulara y definiera esta actividad".
Por otra parte, el acto condena que durante estos años --en los que dicen que ha habido una investigación a fondo de la actividad de estas sociedades-- "no haya habido ninguna acción proactiva por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo para tomar medidas de supervisión y control que minimizaran cualquier impacto en las economías de más de 400.000 personas".
INDEMNIZAR, NO COMPENSAR
A su juicio, "los ciudadanos tienen derecho a una indemnización de los daños y perjuicios que se les haya ocasionado por la acción negligente de las diferentes administraciones que puedan estar implicadas como el Ministerio de Sanidad o la Agencia Tributaria".
De cualquier manera, Garay recalcó que "hay indicios omisión o negligencia muy serios de una responsabilidad patrimonial del Estado y ya se mandó una carta a Sanidad y Consumo dejando constancia de ello".
Aubanc confía en que Marín "transmita su derecho de petición, y entregue la carta a todos los grupos parlamentarios, al Senado y al Gobierno, y que cree una comisión de investigación, porqué Sanidad y Consumo no ha hecho nada durante todos estos años, sobre todo cuando había investigaciones profundas y exhaustivas de que había supuestamente irregularidades".
"Existía un mandato legal con la disposición y había noticias de que la Agencia Tributaria estaba investigando esas sociedades pero no hizo nada, sólo una intervención judicial y policial que mata a cualquier empresa; ya han hecho un mal y el Estado debe repararlo", explicó.
AUSBANC, "PRIMEROS" EN RESPONSABILIZAR AL ESTADO
Garay, que además llevó la carta a miembros del PSOE y el PP, recordó que Ausbanc fue la primera asociación que defendió, frente a la incomprensión de mucha gente la responsabilidad del Estado en el asunto, y aunque les "agrada que las demás asociaciones estén siguiendo esta línea" se encuentran "disgustados" al ver que "otras asociaciones han adquirido protagonismo" con esta postura.
Además, hizo hincapié en lo "indignante" que es la obligación de respuesta fiscal de los consumidores impuesta por la Agencia Tributaria, cuando la propia Hacienda ha dicho que los "sellos no valían nada". Ante el hecho de que los ciudadanos afectados "tengan que declarar en el IRPF estos valores que no valían nada, Ausbanc hará que la razón y la verdad resplandezcan con instrumentos jurídicos", manifestó.
Finalmente, adelantó que la semana que viene la asociación entregará una carta a oficina de representación en la Unión Europea para que se dirija al defensor del pueblo europeo, ya que en su opinión, "los estados miembros deben saberlo y ayudar a solucionar el problema".
