Estatut.- Caldera pide "sensatez" al tripartito para que la reforma encaje en la Constitución

BARCELONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, pidió hoy "sensatez" al tripartito catalán para que la reforma del Estatut "encaje en el marco constitucional, lo que estará garantizado por el Gobierno".

"Las necesidades estatutarias son una necesidad para todos y no sólo para Cataluña", indicó Caldera, a la vez que aseguró no temer por un coste electoral debido a la reforma estatutaria.

En declaraciones a Cataluña Radio, señaló que "la sociedad española es muy fuerte, más de lo que sus responsables piensan muchas veces". "Soy prudentemente optimista y creo que habrá acuerdo", añadió.

AVANCES CON LA LEY DE DEPENDENCIA.

Con respecto a la nueva Ley de Dependencia, impulsada por el Gobierno, se refirió a las críticas de la diputada del PP, Ana Pastor, que criticó que de la ley "no se conoce nada", "no se sabe a quién va dirigida" y forma parte de un "fenómeno del efectismo, pero nada real".

"De las declaraciones de ayer de Ana Pastor parece que les molesta que se avance en esta iniciativa", aseveró Caldera, al tiempo que indicó que "ésta es una reacción negativa que no debería tener el PP".

Según Caldera, "esta ley no debería tener ninguna resistencia del PP". "He oído algunas reacciones desagradables y bastante negativas", que "creo se corregirán porque este es un proyecto progresista, pero abierto a todo el mundo", defendió el ministro.

Además, destacó que "ya tenemos un acuerdo muy importante con ERC e ICV-EA". Por tanto, "las izquierdas ya tenemos un acuerdo básico sobre esta materia y querríamos que CiU y el PNV y el resto de fuerzas se incorporasen porque estamos hablando de un derecho básico y social de las familias españolas".

Por otra parte, el ministro confió en la colaboración de todas las comunidades autónomas. "Me extrañaría que hubiera alguna comunidad que pusiera sus intereses políticos, me refiero a alguna comunidad gobernada por el PP, ante los intereses sociales de los ciudadanos de su territorios y no quisieran participar".

Por último, aseguró que las personas que se acogerán a la nueva ley tendrán este derecho asegurado al mismo nivel que los derechos a la sanidad o a la educación. No obstante, el sistema "se irá consolidando en ocho años", puntualizó.