Estatut.- Los funcionarios expresan a Zapatero por carta su preocupación por el futuro de la Administración en Cataluña

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, Fedeca, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que le expresa su preocupación por el futuro de la Administración estatal en Cataluña y le piden explicaciones sobre las consecuencias que la reforma del Estatut va a tener para los 31.219 funcionarios del Estado en esa Comunidad, porque la propuesta supone "una transformación radical de nuestra organización administrativa".

La presidenta de Fedeca, Isabel Vázquez Feijoo, pide a Zapatero que les aclare qué administración va a prestar los servicios que competencialmente corresponden al Estado y cómo afectará el nuevo Estatut a los funcionarios de los Cuerpos Superiores del Estado y a sus condiciones laborales. "Estamos convencidos de que cualquier reforma no debe perturbar las condiciones de vida personal y laboral de los funcionarios del Estado en Cataluña, que han prestado, prestan y esperemos que sigan prestando una dedicación constante al servicio público y a la Administración del Estado", explica Isabel Vázquez a Zapatero.

Según esta Federación, el artículo 71.1 de la reforma del Estatut recoge que la Administración de la Generalitat tiene la condición de administración estatal ordinaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma, previsión que a su juicio supondrá, en la práctica, la extinción de los órganos y entidades del sector público estatal.

"Además, no puede pasar desapercibido que este modelo de gestión puede hacerse extensivo a otros proyectos de reforma de Estatutos, originándose una reforma administrativa sin precedentes inmediatos, con la inseguridad que se proyecta sobre nuestros funcionarios", explica la presidenta de Fedeca en la carta al presidente.

DATOS

La medida afectará a todas las áreas en las que existe Administración periférica del Estado, según Fedeca, con un total de 31.219 empleados públicos. El 10,5 por ciento de los funcionarios estatales en Cataluña pertenecen a los cuerpos superiores (inspectores de Hacienda, Inspectores de Trabajo, ingenieros, abogados del Estado, Letrados de la Seguridad Social, entre otros).

Según un informe de esta Federación, la primera inquietud de los funcionarios se deriva de "la ausencia de pronunciamiento del Ministerio de Administraciones Públicas ante la propuesta", lo que provoca, "un estado de incertidumbre insostenible sobre el futuro profesional de los funcionarios de la Administración civil del Estado en Cataluña".

Por el contrario, creen "significativo", las declaraciones "de un alto cargo, responsable de un órgano importante de la Administración del Estado, que se posicionó en contra del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, por los problemas organizativos y de gestión que podría producir y por la generación de costes indirectos graves a los ciudadanos".

Advierten de que "de prosperar el modelo de Administración Pública única que postula el proyecto de Estatuto y que, en cambio, no afecta a la Administración local, los funcionarios que actualmente prestan su servicio en la Administración del Estado en Cataluña quedarían a expensas de una posible integración en la Administración de la Generalidad, o en expectativa de nuevo destino en la Administración del Estado". Esto les obligaría "a abandonar su lugar de residencia para pasar a desempeñar un nuevo puesto de trabajo en otro destino administrativo fuera de Cataluña".

Consideran que ninguna de las dos soluciones es satisfactoria, por cuanto en el primer caso, "la integración en la organización administrativa de la Generalidad puede generar problemas de discriminación funcionarial, mientras que, en el segundo caso, el traslado forzoso de funcionarios supondría una medida atentatoria que dejaría a los funcionarios en un estado de indefensión total".

A juicio de FEDECA, se hace "imperiosa" la necesidad de que el Gobierno central adopte una decisión sobre el futuro de la Administración del Estado en Cataluña, "a fin de ofrecer una respuesta inmediata a todos los funcionarios que prestan su actividad en dicho territorio".