Estatut.- La mayoría de la Fiscalía del TC coincide con el PP en que es una propuesta de reforma de la Constitución

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de informe aprobado por la mayoría de la Junta de Fiscales del Tribunal Constitucional, favorable a la admisión a trámite del recurso del PP contra la tramitación de la reforma del Estatuto de Cataluña, considera que esta propuesta de reforma "es en realidad la presentación de un nuevo Estatuto y constituye de manera manifiesta una propuesta de reforma de la Constitución".

Así lo señalan las conclusiones de este informe aprobado el pasado miércoles con cinco votos a favor, tres en contra y una abstención, y que mañana será debatido por la Junta de Fiscales de Sala. La reunión prevista para mañana también analizará otros dos informes: el elaborado por la minoría de la Junta de Fiscales del TC y el de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Ambos textos son contrarios a la admisión a trámite del recurso del PP.

El escrito de la mayoría de los fiscales del TC, que será defendido mañana por el fiscal jefe de este órgano, Juan Ortiz Úrculo, entra en el fondo del asunto al indicar que la "inconstitucionalidad" de la propuesta de reforma del Estatut "aparece manifiesta, patente y notoria en un examen puramente liminar de la documentación presentada".

Por ello, estima que la Mesa del Congreso de los Diputados "podía y debía" comprobar que la propuesta de reforma del Estatuto es en realidad una reforma constitucional, con el fin de "admitirla a trámite por el procedimiento que le corresponde a su evidente naturaleza" y no por el "elegido por sus promotores".

En este sentido, subraya que el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de tramitar la reforma del Estatut es "arbitrario" y lesiona el Reglamento del Congreso y la Constitución, "al no calificar de 'reforma constitucional' lo que de manera patente lo es y admitir no obstante a trámite la propuesta por el procedimiento establecido" para "las reformas de los Estatutos de Autonomía".

En cambio, el informe de la Secretaría General, defenderá la postura del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, relativa a que el Parlamento catalán remitió al Congreso de los Diputados una proposición de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y no de una reforma constitucional, a pesar de estar legitimado para ello.

Por su parte, el informe de la minoría de la Junta de Fiscales del TC, que mañana defenderá el teniente fiscal de este órgano, Olayo González Soler, señala que el recurso se dirige contra una "eventual actividad de reforma subrepticia o fraudulenta de la Constitución, de modo que resultaría prematura".

REFORMA CONSTITUCIONAL

El informe de Ortiz Úrculo, que fue el aprobado por los fiscales del TC, entiende que un proyecto "que pretende de manera manifiesta (...) rebasar la Constitución" se encuentra "sin duda limitado por la misma Carta Magna y de ahí que en tales casos la Mesa (del Congreso) pueda y deba considerarlo un proyecto de reforma de la Constitución". Así, agrega que la voluntad de reformar la Constitución es "patente, notoria, consciente e interesada".

Asimismo, cuestiona que los acuerdos de la Mesa se consideren no impugnables cuando califica un proyecto de reforma "sin examinar su naturaleza", ya que ello conduciría a "un resultado absurdo, pues permitiría introducir reformas en la Constitución y vaciarla de contenido a través de leyes aprobadas con mayorías que no se corresponden a las previstas en la propia Constitución".

"Una reforma de la Constitución así aprobada nunca podría considerarse constitucional y habría dado la espalda a la voluntad directa del pueblo español y a la de muchos de sus representantes", sostiene este informe, que añade que "no nos encontramos en este caso con una 'eventual inconstitucionalidad de la iniciativa', como dice la Mesa, sino con una patente y manifiesta intención de cambiar la Constitución".

LEY INCONSTITUCIONAL EN TODO CASO

Por su parte, el informe de la Secretaría Técnica no acepta la conclusión a la que llegan tanto el recurso del Grupo Popular como el informe de la Junta de Fiscales del TC, referida a que se trata de una reforma encubierta de la Constitución. Así, sostiene que cuando una iniciativa legislativa es incompatible con la Constitución no estamos ante una reforma encubierta de la Carta Magna, sino, en todo caso, ante una ley inconstitucional.

Asimismo, el escrito considera que el TC no puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de una proposición de reforma de Estatuto de Autonomía, como exige el PP en su recurso. En cuanto a las facultades de la Mesa del Congreso, indica que ésta no puede "variar la voluntad" del Parlamento catalán recalificando la iniciativa como reforma constitucional. En este sentido, señala que la Mesa se sitúa en un territorio "mucho más limitado que el que los recurrentes pretenden".

Este informe no da ninguna relevancia a la afirmación que contiene el recurso del PP sobre que la iniciativa del Parlamento catalán contiene un Estatuto de Autonomía "nuevo" y no una reforma del vigente. "La cuestión es irrelevante no sólo por su alcance meramente semántico", señala el texto, que añade que la demanda "no explica cómo y por qué ese hecho podría afectar al derecho fundamental invocado".

Finalmente, el informe que defenderá Olayo González Soler, en representación de la minoría de la Junta de Fiscales del TC, considera que las decisiones de la Mesa del Congreso impugnadas en amparo están fundadas en las competencias que tiene en virtud del Reglamento del Congreso de los Diputados, "por lo que no resultarían lesivas del artículo 23 de la Constitución". "La decisión de la Mesa no restringe derecho alguno de los diputados integrados en el Grupo recurrente", indica.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, decidió convocar el pasado viernes una reunión de la Junta de Fiscales de Sala -máximo órgano de asistencia al fiscal general en materia doctrinal y técnica- ante las "discrepancias jurídicas puestas de manifiesto en la Junta de la Fiscalía del Tribunal Constitucional" y por la "trascendencia de la cuestión debatida y la complejidad jurídica de los distintos planteamientos".

De la reunión de mañana saldrá el criterio que el Ministerio Público adoptará en relación a este asunto. El recurso del PP, que fue presentado el pasado 2 de noviembre, sostiene que la decisión del Congreso de los Diputados de tramitar como reforma estatutaria el proyecto procedente del Parlamento catalán vulnera el artículo 23.2 de la Constitución, que garantiza "el derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos y funciones públicas, con los requisitos que señalan las leyes".