Estatut.- El PP advierte que el modelo fiscal y financiero del nuevo Estatut provocará "boicots" entre autonomías

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP considera que el modelo fiscal y financiero incluido en el proyecto estatutario catalán es propio de países del centro y Este de Europa "antes de la caída del muro de Berlín", puesto que supone la "ruptura" del modelo de economía de mercado y libertad de empresa que reconoce la Constitución. En un 'argumentario' interno del partido, al que tuvo acceso Europa Press, se advierte también de que "provocará el rechazo y los 'boicots' entre comunidades autónomas".

"Este modelo sustituye el sistema multilateral, con participación de todas las comunidades, del Consejo de Política Fiscal y Financiera; infringe el principio de solidaridad entre las nacionalidades y regiones recogido en el artículo 2 de la Constitución al dejar al arbitrio de una de ellas fijar el esfuerzo de solidaridad --se añade--. Abre la puerta a la ruptura de la unidad del mercado en algunos sectores de la economía; suprime las economías de escala que se producen al ampliarse el espacio e implica una grave pérdida de eficiencia de la economía catalana".

A continuación, se insiste en que podrá tener lugar el "rechazo y boicots" entre autonomías y la vuelta a un sistema económico y social "romántico y autárquico con grandes dosis de provincialismo", propio de "épocas históricas ya superadas" y en "abierta contradicción con las exigencias de un mundo que camina a la globalización de su economía".

COMPETENCIA FISCAL AL RESTO DE ESPAÑA

En el citado documento interno del PP se señala que el nuevo Estatuto catalán aprovecha su Título VI (artículos 201 a 221) para crear un modelo fiscal y financiero "separado" del resto de España en el que, en materia de ingresos, la Generalitat "tendría competencias sobre todos los impuestos estatales, cedidos o no, con capacidad normativa plena en los impuestos propios sobre los tipos impositivos, las desgravaciones, las exenciones, las bases imponibles, la gestión, la recaudación, liquidación e inspección".

"Y con Agencia Tributaria propia, de manera que podría hacerse competencia fiscal al resto de España. Se rompe el principio de solidaridad interterritorial, al condicionarse las aportaciones que Cataluña a los instrumentos de nivelación a que el resto de comunidades autónomas hagan un 'esfuerzo fiscal similar'", se apunta.

A juicio de los 'populares', todo ello supone una "clara inconstitucionalidad" porque "infringe" el principio de coordinación con la Hacienda estatal, al dejar "en manos de la Generalitat" la apreciación "discrecional" del "esfuerzo fiscal similar". "E infringe el principio de autonomía financiera de las demás comunidades autónomas, que verán condicionadas su política presupuestaria a la interpretación e imposición unilateral por parte de una de ellas de la valoración del esfuerzo fiscal", se señala.

"E infringe el principio de solidaridad de la autonomía financiera de la comunidades autónomas, que la Constitución en su artículo 156 establece entre todos los españoles de manera incondicionada --se sentencia--, esto es, no sujeta a una valoración de un concepto jurídico indeterminado, como es 'el esfuerzo fiscal similar'".

Asimismo, se determina que dar 'luz verde' a una Agencia Tributaria de Cataluña, un consorcio en el plazo de dos años y la delegación de la gestión de los impuestos del Estado en el consorcio "supone la desaparición de la Administración Tributaria del Estado en Cataluña". "En materia de gastos, el régimen previsto, similar al cupo vasco, en el que se acuerdan bilateralmente la aportación a los gastos del Estado y a los fondos y nivelación y solidaridad entre territorios, de acuerdo con el esfuerzo fiscal de cada uno de ellos, 'apreciado por la Generalidad', supondrá un fraccionamiento de la Hacienda General", se establece.

En el 'argumentario' del PP, al que tuvo acceso Europa Press, se alerta sobre el "privilegio discriminatorio" que quedaría en manos del Gobierno catalán si se le otorga "derecho de veto" en los Presupuestos Generales del Estado cuando no contengan "el nivel de inversiones para Cataluña equivalente a su aportación en el PIB español, durante siete años". "Sería un instrumento de presión para la defensa de intereses catalanes frente a intereses generales", concluyen.