Da traslado a las partes de los recursos del Parlamento y el Gobierno catalanes contra su negativa a inhibirse
MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Tribunal Constitucional acordó hoy dar un plazo de tres días tanto a la Fiscalía como a los siete recurrentes del Estatut de Catalunya (el PP, el Defensor del Pueblo y las las comunidades autónomas de Aragón, Murcia, La Rioja, Baleares y Valencia) para que se pronuncien sobre los recursos de súplica interpuestos tanto por el Gobierno como por el Parlamento catalanes contra su negativa a declararse incompetente para dictar sentencia sobre la norma catalana.
Esta resolución del Pleno se produce dos días antes de la fecha señalada para que los magistrados del Tribunal Constituconal estudien el borrador elaborado por la presidenta de este órgano, María Emilia Casas, de la sentencia pendiente sobre el recurso que interpuso hace casi cuatro años el PP contra el Estatut.
Las ocho providencias dictadas por el Constitucional el pasado día 27 oponiéndose a las pretensiones de la Generalitat y el Parlamento catalán se limitaban a señalar, sin dar motivación alguna al respecto, que no había lugar a lo solicitado en cumplimento del artículo 17.2 de la Ley Orgánica que regula el funcionamiento del Tribunal Consitucional, que señala que sus magistrados "continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles".
Se dictaron un total de ocho providencias, que son las recurridas ahora, porque el escrito de la Generalitat se refería únicamente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP; mientras que el que llegó procedente del Parlamento de Cataluña solicitaba la declaración de incompetencia de los magistrados respecto de los siete recursos interpuestos contra la norma estatutaria.
Según el escrito del Parlamento catalán, redactado por sus diez letrados, la situación actual del alto tribunal "podría incluso llegar a calificarse como irregular o viciada", puesto que se quebrantan los principios de independencia e imparcialidad que deben guiar su actuación. Añadía que su solicitud de incompetencia "no es una táctica dilatoria del procedimiento", y ve anómala la actual composición del Tribunal, con cuatro miembros con mandato prorrogado desde 2007 y dos vacantes, una por fallecimiento y otra por recusación.
DOS DÍAS ANTES DEL DEBATE
El contenido de la ponencia que tiene previsto someterse el jueves a debate no modifica sustancialmente, según confirmaron a Europa Press fuentes jurídicas, el presentado hace unos meses por la magistrada del denominado 'sector progresista' de este órgano Elisa Pérez Vera, que fue tumbado por seis votos a cuatro pese a contener la anulación de varios de los preceptos de la norma catalana.
Casas se hizo cargo de la ponencia sobre la sentencia del Estatut el pasado 19 de mayo, después de que el anterior ponente, el vicepresidente de este órgano y magistrado del "bloque conservador", Guillermo Jiménez, retirara el texto que había elaborado antes de someterlo a votación.
Ese día, y tras casi cuatro horas de debates, el Pleno del Tribunal Constitucional no llegó a votar el texto de Jiménez porque el magistrado optó por retirarlo ante la falta de apoyos mostrado por la gran mayoría de sus compañeros. Su borrador preveía la declaración de inconstitucionalidad de una veintena de preceptos y la interpretación de otros tantos, además de criticar duramente el empleo del término "nación" en el Preámbulo de la norma.
Casas asumió la nueva redacción del texto con el fin de desatascar la situación creada tras el fracaso de los intentos anteriores para lograr una sentencia sobre el Estatut. El primer borrador, el elaborado por Elisa Pérez-Vera, fue rechazado el pasado 16 de abril por seis votos contra cuatro pese a sufrir hasta cuatro modificaciones desde su redacción inicial, mientras que el segundo ni siquiera fue sometido formalmente a consideración.
Fuentes del TC señalaron que el texto que presenta Casas, que es la séptima versión de sentencia que se discute, es prácticamente idéntico al de su antecesora Pérez Vera, ya podría incluir la declaración de inconstitucionalidad de unos 15 preceptos y otra veintena podrían ser sometidos a interpretación.
VOTACIÓN POR ARTÍCULOS.
Además, y si no se alcanzara el consenso necesario, la presidenta estaría dispuesta a votar artículo por artículo con tal de lograr de una vez una sentencia antes del próximo verano, según manifestó ella misma la semana pasada a un grupo de periodistas.
La fuerte división en bloques de los diez magistrados que discuten sobre el Estatut --queda fuera Pablo Pérez-Tremps, recurrido por el PP, y hay una plaza vacante tras el fallecimiento de Roberto García Calvo--, permite pronosticar una gran dificultad para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la tortuosa evolución que el recurso del PP ha tenido en el tribunal de garantías.
