Jueces por la Democracia pide competencias en materia de prisiones y solicita que el cuerpo de funcionarios de Justicia sea autonómico
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Fundación Alexandre Bóveda e hijo del galleguista que da nombre a la fundación, Xosé Luis Bóveda, defendió hoy la denominación de nación para Galicia y exigió que se "reconozcan los derechos que ello conlleva", entre los que citó "el derecho a la autodeterminación y soberanía".
En su comparecencia ante la Comisión de reforma del Estatuto de Autonomía, Bóveda defendió también la presencia directa de Galicia en todas las instituciones europeas y un servicio propio de acción exterior con "estatus paradiplomático" y consecuencias políticas y jurídicas.
Asimismo, abogó por el uso del gallego como idioma vehicular de toas las administraciones en Galicia, así como en la enseñanza. Defendió la obligatoriedad de conocerlo y apostó por hacerlo oficial en la Unión Europea, en el Senado y también en algunas sesiones del Congreso.
Bóveda --hijo del que fue uno de los redactores del Estatuto gallego del 36, represaliado en la Guerra Civil--, exigió también la creación del Consello Xudicial de Galicia, competencias para la comunidad en manteria penitenciaria y "plena autonomía financiera y fiscal", además de una Hacienda y una administración tributaria propias y un Banco Nacional Gallego.
Finalmente, pidió que el nuevo Estatuto que salga tras el proceso de reforma también recoja una "auténtica" policía autonómica "independiente de los cuerpos de seguridad del Estado" y que se desarrolle un derecho gallego propio "que prevalezca sobre el estatal".
PRESIDENTE FUNDACIÓN
También intervino el presidente de la Fundación Alexandre Bóveda, Fernando Quintela, quien defendió a Galicia como "nación europea" y pidió una defensa de la lengua gallega "más allá de las fronteras administrativas", en áreas donde existen gallegohablantes como El Bierzo, Asturias o la diáspora.
Abogó por dar "igual rango" al gallego y el castellano y aseveró que la cooficialidad es "imposible". También defendió que el nuevo texto establezca la posibilidad de "integrar los municipios gallegófonos limítrofes que así lo deseen" y apostó por lograr que Galicia sea una circunscripción electoral única.
Finalmente, consideró necesario acabar con la división provincial "suprimiendo las diputaciones" y vertebrando la comunidad en comarcas, ayuntamientos y parroquias. Asimismo, pidió el reconocimiento del 25 de julio como Día da Patria Galega y el 17 de agosto como Día da Galiza Mártir.
JUECES PARA LA DEMOCRACIA
En la sesión de la Comisión de reforma estatutaria tomó parte además Luciano Varela, en representación de Jueces por la Democracia, quien consideró "una falta de coherencia y de compromiso" que las comunidades pidan la transferencia de competencias en justicia y no lo hagan "en materia de prisiones y policía judicial".
Varela también advirtió de que "no tiene sentido" que el cuerpo de funcionarios de Justicia "siga siendo estatal" y mostró su oposición a la justicia de proximidad, saliendo en defensa de la Justicia de Paz, "en la que debe reflejarse el uso de la lengua como verdadero símbolo de proximidad".
Precisamente al respecto de la cuestión lingüística destacó que existe "un conflicto importante con el uso del gallego en la Justicia". Así, denunció el caso de funcionarios que logran una plaza poniendo como mérito el conocimiento del gallego y luego no lo usan. "Eso es lo más parecido a un fraude", enfatizó.
Además, abogó por imponer "una obligación específica" de conocer gallego a aquellos que son titulares en el ejercicio de un poder del Estado en Galicia y sentenció que el conocimiento de la lengua debe ser establecido como una condición para ejercer su labor. "No entramos en la obligación general de conocer gallego", explicó al respecto de incluir este deber para los ciudadanos en el Estatuto.
Finalmente, consideró que "se debe dar un protagonismo mayor del que hoy tiene" al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), pasando a ser "algo más que un órgano del Estado en Galicia" y funcionando como tribunal de casación. Calificó además como "inaceptables" las críticas a los Consejos Territoriales y pidió que la mitad de los jueces miembros del órgano la elijan los propios jueces y la otra mitad salga del Parlamento.
ENFERMOS MENTALES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Por otra parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de familiares y enfermos mentales de Galicia (FEAFES), Xosé Ramón Girón, reconoció no estar "especialmente interesado" en que se reconozcan en el nuevo texto derechos que ya existen, sino "que éstos se cumplan y se respeten".
Girón valoró "simbólicamente" la posibilidad de incluir esos derechos en el cuerpo del nuevo Estatuto gallego, aunque insistió en que "es insuficiente" y sentenció que "un texto normativo por si sólo no basta para modificar la realidad".
El presidente de FEAFES insistió en que lo importante es que "esos derechos sean efectivos y se cumplan" y en ese sentido consideró necesario que el Estatuto recuerde que "la asistencia sanitaria es un derecho y es exigible". A este respecto, abogó por plasmar la "garantía de que los tribunales protejan y hagan efectivos esos derechos".
En esa misma línea se manifestó el presidente de la Federación de asociaciones en favor de las personas con discapacidad de Galicia (FADEMGA), Julio Cortiñas, quien subrayó que es necesario que el Estatuto recoja de forma precisa el reconocimiento del derecho "universal, subjetivo y exigible" de los servicios sociales, y que vayan acompañados de "la dotación de recursos suficiente y adecuada".
En ese sentido, y al igual que Xosé Ramón Girón, pidió unos servicios sociales "de calidad" y que esa calidad sea objetivable. Asimismo, abogó por reconocer el derecho a educación especial de las personas con necesidades educativas especiales y que siempre se haga referencia a "personas con discapacidad" y no a discapacitados.
Sobre las propias asociaciones, recordó que más del 88% de las personas con discapacidad intelectual atendidas en Galicia se integran en entidades sin ánimo de lucro y pidió que el nuevo texto normativo establezca que le corresponde a la Xunta "reconocer y garantizar la estabilidad, viabilidad y desarrollo" de estas entidades de iniciativa social.
FUNDACIÓN GERMÁN ESTÉVEZ
Finalmente, el presidente de la Fundación Germán Estévez, Germán Xaneiro, consideró que en el nuevo Estatuto gallego "debe irse hacia una auténtica competencia exclusiva en medio ambiente", a pesar de haber reconocido que hasta la actualidad "el Estado y la Unión Europea defendieron mejor nuestro patrimonio natural que nosotros mismos".
El colectivo ecologista insistió en que las competencias para Galicia en materia medioambiental "deben partir de la exclusividad" y denunció los problemas derivados de que los fondos a este fin sean gestionados por varias administraciones.
Xaneiro advirtió de que el marco de la reforma "debe ser el constitucional y defendió "la máxima potenciación" de la lengua gallega, aunque advirtió que ésta debe seguir hablando "del urogallo", especie en peligro de extinción. "Para ser identitario primero hay que pertenecer con orgullo a una tierra", advirtió.
Por último, la Fundación Germán Estévez pidió la erradicación de las canteras ilegales, exigió que no se instalen más "minicentrales aleatorias", del mismo modo que denunció la existencia de una "invasión foránea de eólicas" y solicitó la creación del Consello Galego de Medio Ambiente y la puesta en marcha de una fiscalía específica para los delitos medioambientales.
