MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
La organización pro Derechos Humanos Amnistía Internacional envió hoy una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre las conversaciones entre el Ejecutivo y la banda terrorista ETA, en la que le advierte contra la "tentación de recurrir a amnistías o indultos" que desvirtúen los derechos de las víctimas del terrorismo "a la verdad, la justicia y la reparación".
AI cree que es preciso determinar la verdad de "todas" las violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado, incluidas las denuncias de homicidios o ejecuciones extrajudiciales de personas que se creía miembros de ETA a manos de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), y la posible connivencia del Estado, así como otras violaciones de derechos humanos, como torturas y malos tratos.
"ETA debe facilitar a cualquier mecanismo que pueda crearse para ocuparse de estas cuestiones del pasado toda la información disponible para determinar la verdad de los abusos cometidos", indicó en un comunicado.
"Las víctimas de actos terroristas y de violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado tienen el mismo derecho a la verdad, la justicia y la reparación, como disponen el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Los autores de graves violaciones y abusos contra los derechos humanos deben ser puestos a disposición judicial", señaló la directora del programa regional para Europa y Asia Central de AI, Nicola Duckworth.
En este sentido, precisó que los derechos de las víctimas "nunca son negociables y no pueden depender del inicio o el fin de un cese de hostilidades o de las circunstancias concretas de un proceso de paz". Por ello, AI estimó que no se deben aprobar "amnistías o indultos para personas que, como parte de ETA, cometieron graves abusos contra los derechos humanos, ni para las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado sin que primero se hayan llevado a cabo actuaciones judiciales y se haya llegado a una sentencia clara de culpabilidad o inocencia".
Asimismo, consideró que los Derechos Humanos deben ocupar un "lugar central" en las conversaciones de paz en el País Vasco. "Para que sea duradero, el proceso de paz debe estar firmemente basado en abordar las cuestiones de derechos humanos en el País Vasco y en España. Los derechos humanos deben ser respetados incondicionalmente y aplicados al margen de cualquier consideración política, y no ser utilizados como bazas para la negociación", explicó Duckworth.
AI expone una serie de motivos de preocupación en el ámbito de los Derechos Humanos que la organización considera "vitales" para el futuro del proceso de paz. En primer lugar pide a ETA que ponga fin a los abusos contra los Derechos Humanos que sigue cometiendo.
"ETA debe garantizar un final total e irreversible de los abusos contra los Derechos Humanos, incluido el fin del hostigamiento, las amenazas y otros actos violentos o intimidatorios", hizo hincapié.
Además, recordó que AI acogió con satisfacción en 1999 la aprobación de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, considerándola una medida positiva. Sin embargo, las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado, incluida la tortura y los malos tratos, deben tener el mismo grado de protección legal, en su opinión.
"Mientras las víctimas de actos terroristas disponen de vías legales para obtener justicia, verdad, recursos y reparaciones, las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado no tienen el mismo nivel de reconocimiento ni de protección legal", afirmó Duckworth.
En el marco del proceso de paz, AI renovó su petición al Gobierno español para que "revise y enmiende las leyes y prácticas que violan los derechos humanos y ponga la legislación y las prácticas existentes en España en sintonía con las normas internacionales".
En este sentido, insistió en la necesidad de que el Gobierno español derogue las leyes que permiten ampliar el plazo de detención en régimen de incomunicación tras la aprehensión; garantice un verdadero acceso sin demora de todos los detenidos al abogado de su elección y el derecho de los presos a cumplir sus condenas cerca de sus familias, "cambiando la política penitenciaria de dispersión por todo el territorio español de los presos preventivos o condenados por terrorismo, que lleva aplicándose desde hace largo tiempo".
Por último, insta a eliminar "toda ambigüedad" de la Ley de Partidos Políticos que permita la prohibición de partidos políticos que abogan pacíficamente por modificar los principios constitucionales o las leyes, ya que dicha prohibición "vulnera las obligaciones internacionales de derechos humanos".
